El ex presidente de Ecuador León Febres Cordero negó hoy veracidad a denuncias presentadas por un ex agente policial sobre presuntos crímenes de Estado cometidos durante su gobierno.
"No me voy a prestar a un sainete que afecta al orden interno del país", dijo el mandatario en sus primeras declaraciones tras la publicación del libro "El Testigo", en el que el ex agente Hugo España responsabiliza a policías y militares de ejecuciones y torturas bajo la gestión de Febres Cordero (1984-88).
"Son acusaciones que ofenden a la policía de Ecuador y a sus Fuerzas Armadas", dijo el ex presidente, quien fue reelecto alcalde de la ciudad portuaria de Guayaquil.
"En mi gobierno la fuerza pública ayudó a salvaguardar la seguridad de la sociedad, para controlar los flagelos que han azotado a la humanidad: la guerrilla y el terrorismo", sostuvo.
Según el bloque parlamentario del Partido Social Cristiano, organización que lidera Febres Cordero, detrás de las acusaciones de España existen intereses políticos.
Uno de los enemigos de Febres Cordero es el actual presidente Abdalá Bucaram, quien asumió el poder el 10 de agosto y a quien los socialcristianos han asociado indirectamente con la publicación del libro.
Durante su administración Febres Cordero acusó a Bucaram de corrupción mientras el actual presidente era alcalde de Guayaquil. Bucaram debió huir a Panamá sin concluir su mandato.
"La venganza es un sentimiento estéril", arguyó Bucaram este miércoles en una entrevista por radio. "No iniciaré una persecución política pues yo he sido víctima de ella y he aprendido la lección, pero el país necesita la verdad y haré todo lo posible para que ésta salga a la luz", agregó.
Los testimonios de España en "El Testigo" derivaron este jueves en una primera diligencia judicial, encabezada por la Fiscalía.
España reveló su participación en un cuerpo de élite antisubversivo llamado SIC-10, que actuó bajo las órdenes de Febres Cordero y que ejecutó a decenas de personas sospechosas de pertenecer a grupos guerrilleros de Ecuador y Colombia asentados en varias ciudades de este país.
También denuncia la existencia de dos cementerios clandestinos que el SIC-10 utilizaba para sepultar a sus víctimas.
Las autoridades judiciales y gubernamentales allanaron este jueves una base policial situada 30 kilómetros al este de Quito, donde, según España, se hallaría una fosa clandestina.
Los peritos intentarán determinar la ubicación exacta del presunto cementerio y en un tres días entregarán un informe tras el cual podrían disponer un excavación en el lugar. (FIN/IPS/mg/dg/ip-hd/96)
