Los jueces que enfrentan un posible juicio político en Chile por el caso Soria, expresaron este viernes su satisfacción luego de que una comisión de la Cámara de Diputados recomendó rechazar la acusación constitucional en su contra.
Los magistrados Hernán Alvarez y Guillermo Navas, dos de los cuatro acusados, sostuvieron que el acuerdo de la comisión demuestra que actuaron "conforme a derecho" al absolver mediante la amnistía de 1978 a dos militares encausados por el asesinato del espeñol Carmelo Soria, cometido en julio de 1976.
El pleno de la cámara iniciará el martes próximo el debate del libelo acusatorio presentado por 11 diputados de la gobernante Concertación por la Democracia contra los cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Los jueces son acusados de "notable abandono de deberes" al no aplicar convenios internacionales de protección a diplomáticos y hacer prevalecer en el caso Soria la amnistía expedida en marzo de 1978 por la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90).
Reunida en la noche del jueves en la sede del parlamento en Valparaíso, 120 kilómetros al oeste de Santiago, la comisión especial de análisis de la acusación estimó, por cuatro votos contra uno, que no procede ese cargo contra los cuatro magistrados.
La mayoría derechista de la comisión acogió el argumento de la Corte Suprema, en el sentido de que no ha sido fehacientemente probada la calidad de funcionario internacional protegido de Soria, quien trabajaba en una agencia de Naciones Unidas.
La comisión fue designada por sorteo, lo cual permitió la hegemonía de la derecha opositora, con tres diputados del partido Renovación Nacional y uno de la Unión Demócrata Independiente, y sólo uno del oficialista Partido Por la Democracia (PPD).
El libelo acusatorio presentado el día 3 fue suscrito por parlamentarios del PPD, el Partido Socialista y la Democracia Cristiana, pero la directiva de esta última está oficialmente por el rechazo de la acusación.
La decisión de la comisión de análisis aumenta las posibilidades del rechazo definitivo, al fortalecer la tesis de que el cargo de Soria en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) no correspondía al de un diplomático.
La mayoría derechista sostuvo que en los antecedentes remitidos a la comisión por el ministro subrogante de Relaciones Exteriores, Mariano Fernández, éste "no certificó en forma fehaciente" la calidad de funcionario internacional de Soria.
El propio Fernández dijo el miércoles que correspondía dar una reparación a la familia Soria en virtud de las leyes de reconciliación nacional expedidas en 1992, en tanto quedó establecido que fue asesinado por "agentes del Estado".
Los jueces especiales que investigaron el caso determinaron que el ciudadano español fue secuestrado y asesinado por efectivos del Ejército que prestaban servicios en la más tarde disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
El crimen fue obra de la brigada "Mulchén", integrada entre otros por los actuales coroneles en actividad Jaime Lepe y Pablo Belmar, cuyos nombres fueron sin embargo omitidos en los fallos judiciales.
El juez Eleodoro Ortiz, otro de los acusados constitucionalmente, encausó finalmente al coronel Guillermo Espinoza y al sargento José Ríos San Martín, ambos en retiro, pero los absolvió con la amnistía.
El cuarto juez acusado es Enrique Zurita, quien integró con Alvarez y Navas la sala de la Corte que el 21 de agosto ratificó el fallo de Ortiz, rechazando el recurso de revisión presentado por abogados de la familia Soria y de la Cepal.
La viuda del diplomático, Laura González-Vera, quien reside en España, dijo el jueves que la familia sólo aceptará una reparación moral si el gobierno chileno reconoce que su esposo fue asesinado por la DINA y revela los nombres de los implicados.
La familia Soria exige asimismo como condición que el Estado y el gobierno chilenos establezcan inequívocamente la condición de Soria de funcionario de Naciones Unidas, protegido por las convenciones internacionales.
El gobierno chileno del presidente Eduardo Frei está negociando el tema de la reperación a la familia Soria en conjunto con el de España, que encabeza José María Aznar, para evitar que el caso sea llevado a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. (FIN/IPS/ggr/ag/hd/96
