El gobierno de Chile resaltó hoy que está establecida la participación de agentes del Estado en el asesinato del ciudadano español y funcionario de Naciones Unidas Carmelo Soria, cometido en 1976.
El ministro subrogante de Relaciones Exteriores, Mariano Fernández, hizo la precisión a raíz de las negociaciones con España para dar una reparación a la familia Soria e impedir que el caso sea llevado a la Corte Internacional de La Haya.
Aunque la participación en el crimen de militares al servicio de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) fue establecida por los tribunales, esta es la primera vez que este antecedente es admitido y resaltado públicamente por un funcionario gubernamental.
El proceso por el asesinato de Soria fue cerrado el 21 de agosto, cuando la Corte Suprema absolvió a dos militares acusados del crimen invocando la ley de amnistía que la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90) expidió en marzo de 1978.
Los cuatro jueces que emitieron en fallo fueron acusados constitucionalmente por diputados de la gobernante coalición de centroizquierda, bajo cargos de "notable abandono de deberes" al aplicar la controvertida ley de amnistía.
La acusación sostiene que las convenciones internacionales de protección a personal diplomático suscritas por el Estado chileno tienen preeminencia sobre leyes locales y por tanto no correspondía absolver con la amnistía a los asesinos de Soria.
Se estima que la acusación será rechazada por la Cámara de Diputados, ya que se oponen a ella los partidos de la oposición derechista, así como la mayoría de los parlamentarios de la Democracia Cristiana, la principal agrupación oficialista.
La directiva democristiana estima que si bien la absolución fue injusta, los cuatro jueces no incurrieron en abandono de deberes, pues lo único que hicieron fue aplicar una ley que está vigente en Chile.
La familia Soria, así como las Naciones Unidas, esperan que una vez agotadas las vías judiciales en Chile, el caso sea examinado por la Corte de La Haya, que podría sancionar al Estado chileno por incumplimiento de convenciones internacionales.
Los gobiernos de Santiago y Madrid iniciaron este mes conversaciones para una eventual reparación material a la familia Soria y suscribir así un acuerdo que evite la intervención de la Corte Internacional en este caso.
Carmen Soria, la hija del asesinado diplomático, fustigó hace una semana a la Democracia Cristiana por rechazar la acusación constitucional y exigió también reparaciones morales al gobierno y al Estado chilenos.
Planteó que se deben hacer públicos los nombres de los militares integrantes de la brigada "Mulchén" de la DINA, que en julio de 1976 secuestraron a su padre y lo torturaron hasta causarle la muerte por fractura cervical.
En el proceso fueron encausados finalmente el coronel retirado Guillermo Salinas y el sargento también en retiro José Ríos San Martín, ambos absueltos por el fallo que aplicó la ley de amnistía.
Pero el primer juez especial a cargo del caso, Marcos Libedinsky, estableció que en la brigada participaban otros militares, como los coroneles Jaime Lepe y Pablo Belmar, ambos aún en servicio activo en el Ejército.
El vicecanciller Fernández subrayó este jueves que la participación de agentes del Estado en el asesinato de Soria fue establecida por los tribunales y por la Comisión de Verdad y Reconciliación, que investigó los crímenes de la dictadura contra los derechos humanos.
Fernández añadió que este antecedente justifica que se dé una reparación a la familia Soria, según lo establecen las leyes que en busca de la reconciliación nacional se expidieron en el gobierno del presidente Patricio Aylwin (1990-94).
El alto funcionario subrayó que la reparación y compensación es independiente del proceso judicial que culminó con la amnistía, en un fallo que el gobierno del presidente Eduardo Frei acató invocando la independencia de los tribunales. (FIN/IPS/ggr/ag/hd/96
