El gobierno de Estados Unidos permite que diversos organismos de la administración traben la acción de las autoridades democráticas de Haití cuando éstas se proponen juzgar a las personas que cometieron graves violaciones a los derechos humanos, según un informe publicado en Nueva York.
El nuevo informe de la organización defensora de los derechos humanos sita en Nueva York, Human Rights Watch/Americas, pide a Washington que conceda de inmediato la extradición a Haití de Emmanuel Constant, ex jefe del temido grupo paramilitar Frente para el Avance y el Progreso de Haití (FRAPH).
Watch/Americas reclama que Constant pueda ser juzgado en su país, y además solicita al gobierno estadounidense la devolución de materiales probatorios de suma importancia para los juicios por violación de derechos humanos en Haití.
Detenido desde 1995 en territorio estadounidense, Constant había huído de Haití después de la intervención de una fuerza multinacional comandada por Estados Unidos en septiembre de 1994, que derrocó al régimen de facto y restauró en el poder al ex presidente Jean-Bertrand Aristide.
En aquella oportunidad las fuerzas estadounidenses capturaron documentación del ejército haitiano y de los grupos armados que apoyaban al régimen, la cual ahora se encuentra en Estados Unidos bajo custodia de organismos del gobierno federal.
Aristide estuvo exiliado en Estados Unidos a partir del 30 de septiembre de 1991, cuando un golpe militar lo expulsó del poder que había conquistado por abrumadora mayoría en las urnas, en diciembre de 1990.
Durante los tres años que duró el régimen de facto fueron asesinados varios miles de simpatizantes de Aristide, en operaciones realizadas por el ejército o por el FRAPH, que disfrutaba de la protección oficial.
Otros miles de personas fueron detenidas y, en muchos casos, sometidas a malos tratos o torturas.
Watch/Americas también exhorta al gobierno del presidente Bill Clinton a investigar las acusaciones que pesan sobre algunos organismos de la administración, como la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Administración Ejecutiva contra la Droga (DEA), por su vinculación con acciones criminales en Haití.
El grupo entiende que deberían hacerse públicos los resultados de esas investigaciones oficiales.
La organización neoyorquina afirma que al hacer caso omiso a esas demandas, el gobierno da continuidad a un modo de actuar inaugurado hace 10 años por Washington, que se caracteriza por proteger de la justicia a los violadores de los derechos humanos en Haití.
El informe critica también a Aristide y a su sucesor, el actual presidente René Préval, por la tímida actitud que ambos adoptaron contra los violadores de derechos humanos. El documento advierte que la omisión en perseguir a esas personas pondrá al gobierno ante nuevos peligros.
"En lugar de promover el imperio del Derecho, la impunidad estimula a las fuerzas reaccionarias a continuar con la violencia política", declaró Kenneth Roth, director ejecutivo del grupo. "Ya es hora de que termine esta protección oficial a quienes han cometido asesinatos políticos".
El informe de Watch/Americas sostiene que a partir del éxito de la rápida intervención realizada en septiembre de 1994, Washington ha actuado de una forma que impide al gobierno de Haití -tanto antes con Aristide como ahora con Préval- indagar y juzgar los delitos cometidos, y ofrece dos ejemplos importantes.
Washington se ha negado hasta el momento a devolver a Haití unas 160.000 páginas de documentos y otros materiales que sus tropas incautaron del FRAPH y del cuartel general del ejército haitiano después de la intervención.
Según Watch/Americas, estos materiales son de un valor incalculable para determinar responsabilidades.
Si bien Washington ha admitido que los materiales son propiedad de Haití, ha insistido en que Puerto Príncipe acepte ciertas condiciones para que le sean devueltos, incluida la supresión de los nombres de los ciudadanos estadounidenses que constan en esos registros.
La discrepancia entre los dos gobiernos por estas condiciones ya impidió que la Comisión por Verdad y Justicia de Haití pudiera estudiar esos materiales antes de redactar su informe final.
Igualmente en el caso de Emmanuel Constant, fundador y líder del FRAPH, Watch/Americas asegura que Washington ha frustrado los intereses de la justicia al negarse a conceder la extradición solicitada por Haití.
Tras su huída de Haití, Constant se introdujo en Estados Unidos en diciembre de 1994, a pesar de que su nombre estaba incluido en una "lista de vigilancia" de las autoridades de inmigración.
Fue arrestado el año siguiente en Nueva York, y clasificado como individuo pasible de deportación. A finales de 1995, Haití pidió formalmente su extradición, bajo acusaciones de asesinato y tortura.
A finales de 1994, la prensa estadounidense informó que Constant tenía una vieja vinculación con los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que de hecho le habían apoyado en la creación del FRAPH en 1993, para contrarrestar el peso de los grupos partidarios de Aristide.
Después ser arrestado en Estados Unidos, Constant confirmó, en una entrevista que le realizó el programa televisivo "Sesenta Minutos", que había sido pagado por la CIA.
En junio pasado se le concedió una libertad vigilada bajo la custodia de su madre, en el barrio neoyorquino de Brooklyn, y se le dio permiso de trabajo, con la obligación de presentarse cada semana a las autoridades de inmigración y la condición de no hablar en público sobre su situación ni su pasado.
También se le dio la opción de ser deportado a un tercer país, previa aprobación del gobierno de Estados Unidos. (FIN/IPS/tra-en/jl/yjc/arl/ip-hd/96
