El Partido Comunista de China pretende acabar con la corrupción, incluso entre altos funcionarios que, según las autoridades, abandonaron los ideales socialistas tras la instauración de la economía de mercado.
"Debemos extraer estos gusanos, no importa cuán poderosos sean, en beneficio del partido y del pueblo", dijo Zhang Deli, portavoz de la Suprema Procuraduría Popular.
"Los grandes casos de corrupción y desfalco que involucran a funcionarios influyentes serán el principal punto de atención de nuestra actividad", agregó Zhang.
En los primeros seis meses de este año, la Procuraduría investigó 34.070 casos de sobornos, defraudación y otros delitos de corrupción pública que involucraron a 1.478 funcionarios de todo nivel en toda China.
Las autoridades intentan recuperar millones de dólares sustraídos de las arcas de empresas públicas por administradores que designó el propio gobierno.
Entre enero y junio de este año, más de 3.000 funcionarios, especialmente en niveles medios y superiores de esas compañías, fueron investigados por fraude, soborno y malversación. El gobierno ha recuperado 2.029 millones de yuanes (244 millones de dólares) de fondos públicos malversados.
Hasta ahora, el caso de corrupción más notorio fue protagonizado por Hu Jianxue, secretario del comité municipal del Partido Comunista en la ciudad de Tai'an, en la provincia oriental de Shandong.
Hu fue condenado junto con otros cinco funcionarios locales por el cobro de sobornos por un total de 610.000 yuanes (unos 73.500 dólares) entre 1990 y 1995.
El alto funcionario municipal y otros dos de los imputados están en libertad condicional, pero podrían ser condenados a muerte si se los halla culpables de participar en otras actividades fraudulentas.
Otros dos funcionarios fueron sentenciados a cadena perpetua, mientras el ex director de la oficina de seguridad pública de la ciudad fue condenado a muerte y ejecutado de inmediato bajo cargos de violación.
"Las acciones contra la corrupción son un asunto de vida o muerte para nuestro partido y podrían ocasionar el ascenso o la caída de la nación", dijo el procurador general de la provincia de Shandong, Zhao Chanfeng, quien dirigió las investigaciones en el caso de Tai'an.
"Mientras China se introducía en los últimos años en las reformas económicas, la experiencia nos enseñó que el impacto negativo de las ideas y la cultura capitalista decadente y de los elementos residuales de nuestro feudalismo histórico no pueden ser subestimados", opinó Zhang.
El líder comunista y arquitecto de las reformas económicas en China iniciadas a finales de la década del 70, Deng Xiaoping, alertó hace diez años que el partido debería estar en guardia para combatir la corrupción en sus filas.
El secretario general del Partido Comunista y presidente de China, Jian Zemin, advirtió en 1993 que "el partido, el poder popular y la modernización socialista serán derrotadas" si no se adoptaban medidas contra la corrupción.
Los últimos disparos contra la corrupción son parte de una campaña más amplia contra la criminalidad denominada "Operación Ataque Duro", que incluye la difusión televisiva de los juicios y ejecuciones públicas para desalentar a los posibles delincuentes.
El grupo de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional sostuvo que al menos mil personas fueron ejecutadas en apenas tres meses como consecuencia de la campaña nacional.
Los activistas afirman que a muchos de los condenados a muerte se les negó la posibilidad de un juicio justo pues las autoridades procuraban rápidos dictámenes de culpabilidad.
Pero el gobierno reivindica la aplicación de estrictas leyes penales que están siendo revisadas.
"Las enmiendas serán puestas en vigencia el 1 de enero de 1997 y darán armas más efectivas a los órganos fiscales para el combate contra la corrupción", dijo el subprocurador general. Liang Guoqing.
La ley procurará "juicios más correctos y veloces y penas fuertes contra los funcionarios del gobierno que cometan crímenes", agregó Liang.
Las autoridades afirman que la campaña cuenta con el respaldo de la mayoría de los ciudadanos, quienes, a través de líneas telefónicas especiales, denuncian presuntos actos de corrupción entre funcionarios de provincias y de empresas estatales, lo cual da origen a las investigaciones.
En los primeros ocho meses de 1996, la policía recibió 209.708 denuncias de crímenes económicos, 22,3 por ciento más de las registradas en el mismo período de 1995, informó Zhang.
Ochenta por ciento de las investigaciones de casos serios de fraude, soborno y malversación fueron iniciadas como consecuencia de denuncias de la población, dijo Jiang Liyou, director del Centro de Informes de la Procuraduría Popular Suprema.
"Muchos han aprendido a mantener en su poder o a copiar evidencias de libros contables o números de cuentas bancarias", explicó Jiang.
El funcionario afirmó que los denunciantas perdieron el miedo a dar sus nombres a los investigadores, como ocurría en el pasado. Eso es "una señal de la confianza del pueblo hacia quienes combaten la corrupción", sostuvo. (FIN/IPS/tra-en/xj-cf/cpg/mj/ip hd/96
