Pese a los buenos afanes de sectores políticos y religiosos que buscan la reconciliación nacional, este miércoles Chile conmemorará 23 años del golpe de Estado de 1973 en un ya habitual ambiente de confrontaciones.
El país volverá a dividirse entre las jubilosas celebraciones del "día de la liberación" de la derecha y los militares, y las protestas de la izquierda y las agrupaciones de familiares de víctimas de los crímenes contra los derechos humanos.
Pero a diferencia de otros aniversarios, esta vez faltará a los festejos uno de los actores centrales del levantamiento militar: el ex comandante de la Armada, almirante José Toribio Merino, fallecido el 30 de agosto, a los 80 años.
Tampoco estarán los otros dos mandos golpistas, que agonizan gravemente enfermos en unidades hospitalarias: el general Gustavo Leigh, ex comandante de la Fuerza Aérea, y el general César Mendoza, ex jefe la policía de Carabineros.
A 23 años de su desesperada resistencia y suicidio en el devastado palacio de La Moneda, la figura del presidente Salvador Allende sigue simbolizando la "vía chilena al socialismo", cruentamente interrumpida el 11 de septiembre de 1973.
En el otro extremo, el general Augusto Pinochet, ex dictador y comandante del Ejército, encarna a sus 80 años al personaje más polémico de la historia chilena en este siglo, considerado por unos un traidor y por otros un hombre providencial.
El presidente Eduardo Frei mantendrá la práctica iniciada por su antecesor, Patricio Aylwin (1990-94), de ausentarse del conflictivo escenario de Santiago y estará en gira por la austral región de Magallanes, unos 3.000 kilómetros al sur de la capital.
Este miércoles, la extrema derecha se dará cita una vez más desde temprano ante la residencia de Pinochet, quien recibirá el saludo de dirigentes políticos y de quienes fueron sus ministros en la prolongada dictadura desde el golpe militar hasta el 11 de marzo de 1990.
Más tarde, el ex dictador y sus oficiales asistirán a una misa de campaña en la Escuela Militar, donde se volverá a recordar a unos 50 uniformados caídos en la jornada del golpe y en la "guerra antisubversiva" que se prolongó hasta el fin del régimen dictatorial.
Una guerra, sin duda, desigual, pues en el otro bando las agrupaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos y de Ejecutados Políticos recordarán a más de 3.000 víctimas de crímenes contra los derechos humanos.
La Asamblea Nacional por los Derechos Humanos convocó, como todos los últimos años, a una marcha desde el centro de Santiago hasta el Cementerio General, que culminará en la tumba de Allende y el memorial de los asesinados y desaparecidos por la represión.
Las autoridades dispusieron una vez más el desvío de la marcha dos cuadras antes de La Moneda, que estará resguardada por fuertes cordones policiales, impidiendo así un masivo homenaje a Allende en el lugar en que se autoinmoló defendiendo una institucionalidad que quería cambiar.
Esta prohibición ha sido desafiada en años anteriores por grupos de manifestantes que se han enfrentado con las fuerzas especiales de Carabineros tanto en las cercanías de La Moneda como en el Cementerio General, con resultados de numerosos heridos e incluso muertos, como ocurrió en 1993.
Bajo la dictadura, la represión para los aniversarios del golpe se descargaba con fuerza en las "poblaciones" (barriadas populares), con paramilitares que se desplazaban en automóviles abriendo fuego contra los velatorios callejeros en homenaje a las víctimas de la represión.
El libreto de la conmemoración del "11" es hoy conocido, pero sus consecuencias son impredecibles desde el punto de vista del orden público en un país que a casi siete años del restablecimiento de la democracia no logra cerrar las heridas abiertas en 1973.
Contra la reclamada reconciliación nacional, la impunidad que favorece a los violadores de derechos humanos alimenta las confrontaciones, como ocurre con el fallo que el 23 de agosto absolvió a los militares que secuestraron y asesinaron en 1976 al ciudadano español y funcionario de Naciones Unidas Carmelo Soria.
Cuatro jueces de la Corte Suprema están acusados constitucionalmente en el parlamento bajo cargos de "abandono de deberes" por no hacer prevalecer los convenios internacionales de protección a diplomáticos sobre la ley de amnistía que Pinochet expidió en 1978.
La acusación, que generó divisiones en la coalición oficialista de centroizquierda, fue explotada por la derecha como un ataque a la independencia del Poder Judicial y una muestra del peligro que encierra para Chile un eventual retorno del socialismo al gobierno.
Pero quien se encargó con mayor fuerza de exacerbar los ánimos previos a la conmemoración del golpe fue el propio Pinochet, con tres intervenciones públicas durante la primera semana de septiembre.
El ex dictador, quien deberá dejar el mando del Ejército el 11 de marzo de 1998, objetó los indultos que Aylwin concedió a presos políticos de la dictadura y aseguró que los autores intelectuales del atentado en su contra del 7 de septiembre de 1986 fueron políticos chilenos y extranjeros.
Pinochet se ha negado sistemáticamente a acoger las demandas de los gobiernos de Aylwin y Frei de que el Ejército haga un "gesto" en favor de la reconciliación, entregando antecedentes para localizar los restos de más de un millar de desaparecidos.
Su actitud, calificada de arrogante e inhumana por los familiares de las víctimas, refleja la contradicción de un hombre que quiere pasar a la historia como refundador del Estado chileno y pionero del nuevo orden pos guerra fría, y que en cambio será recordado como un gran violador de los derechos humanos. (FIN/IPS/ggr/ag/hd-ip/96
