Los homenajes tributados al almirante José Toribio Merino, uno de los gestores del golpe de Estado de 1973, reflejan que la transición democrática sigue siendo en Chile una tarea inconclusa, pese al discurso oficial.
El que fuera comandante en jefe de la Armada desde el 11 de septiembre de 1973 hasta el 8 de marzo de 1990, falleció el viernes último y fue sepultado con honores el lunes en Viña del Mar, 120 kilómetros al oeste de Santiago, en exequias que congregaron a 10.000 personas.
El ex dictador y actual comandante del Ejército, general Augusto Pinochet, fue el principal orador y la figura de mayor relieve público en el funeral, donde el gobierno se hizo representar por el ministro de Defensa, Edmundo Pérez.
El presidente Eduardo Frei pudo excusarse de asistir a las exequias del ex jefe golpista gracias a la Cumbre del Grupo de Río, que lo hizo programar con mucha antelación su viaje a Cochabamba, Bolivia, al mediodía del lunes.
Esta circunstancia deja como una incógnita no resuelta la actitud que habría adoptado el gobernante de haber estado en Chile ante estos funerales, en los cuales no participaron otros ministros ni ningún líder político del oficialismo.
No obstante, el gobierno decretó desde el sábado tres días de duelo oficial, atendiendo al carácter de Merino de ex comandante de la Armada y miembro de la Junta Militar que acompañó en el poder a Pinochet desde septiembre de 1973 a marzo de 1990.
En los motivos protocolares del duelo oficial se consignó que el marino, fallecido de un cáncer linfático a los 80 años, encabezó bajo la dictadura el poder legislativo y ejerció en dos ocasiones el cargo de vicepresidente por viajes de Pinochet al exterior.
Jorge Insunza, dirigente del opositor Partido Comunista, impugnó el reconocimiento que se hizo de la Junta Militar como un órgano legislativo, recordando que allí se resolvían las leyes entre "cuatro gatos", aludiendo a los mandos de los institutos castrenses.
Los comunistas marcaron la más dura oposición a los homenajes a Merino y sostuvieron que el decreto de duelo oficial reflejó precisamente que la restauración de la democracia no ha culminado a más de seis años del término de la dictadura.
Los partidos Por la Democracia (PPD) y Socialista (PS), de la coalición gubernamental, dejaron también constancia de los rasgos negativos de Merino como partícipe de un régimen de facto en que se violaron masivamente los derechos humanos.
La Democracia Cristiana, el partido de Frei, también guardó distancias de Merino en sus pronunciamientos ante la muerte del ex jefe naval, pero ninguna de las colectividades oficialistas refutó el duelo oficial ni la presencia del ministro de Defensa en los funerales.
En la oficialista coalición de centroizquierda parecen aceptarse ya con una buena dosis de fatalismo las limitaciones del proceso de restauración democrática iniciado el 11 de marzo de 1990 con la investidura presidencial de Patricio Aylwin.
El propio ex mandatario (1990-94) proclamó al final de su gobierno que la transición había terminado en cuanto a resolver los problemas centrales heredados de la dictadura, pero más tarde debió admitir que esa declaración fue un tanto apresurada.
El concepto de la democracia "imcompleta" es hoy asumido por la mayoría de los líderes políticos de la oficialista coalición de centroizquierda, atendiendo a las prerrogativas legales y de hecho que mantienen los militares.
Es en el terreno de los derechos humanos donde esta constatación tiene sus expresiones más dramáticas, con los frecuentes fallos que tienden a cubrir con la impunidad delitos de asesinatos políticos y desapariciones forzadas.
Una semana antes de la muerte de Merino, la Corte Suprema absolvió a los militares implicados en el secuestro y homicidio del ciudadano español y funcionario de Naciones Unidas Carmelo Soria, cometido en julio de 1976.
El gobierno acató el fallo, con lo cual dio preeminencia a la ley de amnistía que Pinochet expidió en 1978 por sobre las convenciones internacionales que obligan al estado chileno a proteger a funcionarios de Naciones Unidas con rango diplomático.
Diputados del PS y el PPD están promoviendo una acusación constitucional en el Congreso contra los tres jueces que amnistiaron el caso Soria, pero la idea es rechazada por la mayoría de la Democracia Cristiana.
En el corto plazo, Frei podría verse enfrentado a nuevas definiciones oficiales y protocolares sobre los mandos uniformados que el 11 de septiembre de 1973 derrocaron al gobierno constitucional de Salvador Allende.
Ello, porque se prevén los fallecimientos de los que entonces eran comandantes de la Fuerza Aérea, el general Gustavo Leigh, y de la policía de Carabineros, el general César Mendoza, ambos hospitalizados en unidades de cuidados intensivos.
Pinochet, en tanto, goza al parecer de una envidiable buena salud y se prepara a celebrar en noviembre sus 81 años, para dejar la comandancia del Ejército sólo el 11 de marzo de 1998, según las leyes expedidas por él mismo.
Mientras Leigh y Mendoza agonizan, el ex jefe de la dictadura consigna como su más reciente dolencia una inflamación a los meniscos, lesión típica de jóvenes deportistas, según comentó un analista local. (FIN/IPS/ggr/ag/ip/96
