El caos reina en esta capital a medida que la población comienza a sentir los efectos de las sanciones económicas impuestas al régimen militar de Burundi por países del centro y este de Africa.
En una inusual muestra de unidad, Tanzania, Uganda, Kenia, Ruanda, Zaire y Zambia impusieron las sanciones a Burundi el 31 de julio, despúes del golpe de Estado del 25 de julio, en que el mayor Pierre Buyoya reemplazó al presidente Sylvestre Ntibantunganya.
Las sanciones habían sido recomendadas por el ex presidente de Tanzania Julius Nyerere, mediador internacionalmente reconocido del conflicto en Burundi.
Durante una visita a Kigali, la capital de Ruanda, la semana pasada Nyerere rechazó críticas según las cuales el embargo no es la mejor manera de expulsar a los militares en el poder.
Nyerere citó la experiencia de la supremacía blanca en Sudáfrica, y sostuvo que aunque las sanciones "siempre implican un dilema", y "a veces lastiman a la gente que se pretende ayudar", tienen el propósito de lograr un diálogo "que puede conducir al poder compartido".
Pero muchos en Bujumbura afirman que las sanciones sólo forzarán otro cambio de gobierno, en el cual Buyoya, un moderado, podría ser reemplazado por un extremista, lo cual empeoraría la tensión ya explosiva entre la mayoría hutu y la minoría tutsi.
"Buyoya es el único hombre que puede traer la paz a este país", dijo a IPS un hombre perteneciente al grupo étnico tutsi, y añadió que "si Nyerere insiste en mantener las sanciones, todo empeorará y la gente perderá la paciencia con Buyoya, reclamando a alguien que sólo intensificará la guerra".
Hasta 150.000 personas murieron en Burundi desde 1993, cuando Melchior Ndadaye, el primer presidente democráticamente electo del país y el primer hutu en la jefatura de Estado, fue asesinado por soldados tutsi.
La lucha entre el ejército de mayoría tutsi y los rebledes hutu aumentó desde el golpe de julio, forzando a muchas personas a dejar sus hogares. Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hay en el país unos 255.000 desplazados internos.
Los efectos de las sanciones económicas han hecho que los automovilistas tengan derecho a una cuota mensual de 20 litros de combustible, y compren el resto en el mercado negro, donde un litro de gasolina vale tres dólares estadounidenses, seis veces el precio oficial.
Otras seañales del caos que reina en la capital son aumentos de precios de más de 20 por ciento en las útlimas dos semanas.
Burundi, un país fértil aunque sobrepoblado, tiene suficientes reservas de alimentos, pero el traslado de los bienes desde el interior a la capital resulta ser extremadamente difícil, ya que los grupos guerrilleros hutu emboscan a los transportistas en las rutas rurales.
La principal línea de energía eléctrica de la capital fue cortada por los guerrilleros hace dos semanas, dejando sin electricidad a todos los suburbios excepto uno, aunque unos pocos hoteles y puestos estratégicos del ejército cuentan con generadores.
Pero el gobierno se mantiene desafiante. En una conferencia de prensa realizada el sábado, el primer ministro, Pascal Firmin Ndimira, dijo a los periodistas que su país está dispuesto a sufrir las sanciones.
"La nación debe aceptar cierto sacrificio, y no sólo los empresarios. Debemos aceptar que habrá más enfermedad, más cortes de electricidad y agua corriente. Pero estamos preparados para pagar el precio", dijo Ndimira.
El primer ministro denunció las sanciones, afirmando que están favoreciendo a la guerrilla hutu, algo que Nyerere admitió en su visita a Ruanda.
"Los rebeldes hutu luchan contra el statu quo (en Burundi), que está presente desde la independencia. Es un poder basado en el ejército, y debe cambiar", sostuvo Nyerere.
En el caso de Sudáfrica, agregó el diplomático, "se podría haber dicho lo mismo: 'cuando se presiona al gobierno, se aumenta la capacidad negociadora de los luchadores contra el apartheid"'.
Pero los actuales líderes de Burundi no creen que la comparación sea justa. "No hay paralelo alguno entre quienes lucharon contra el apartheid y el puñado de extremistas hutu cuya agenda declarada es exterminar a los tutsis y hutus opositores a su ideología del genocidio", dijo a IPS el teniente coronel Longin Minani.
No obstante, hay señales de que los países vecinos de Burundi podrían aliviar el embargo para disminuir su efecto en la población.
Los ministros del este y centro de Africa se reunieron en Arusha, Tanzania, durante el fin de semana, para considerar un levantamiento parcial de las sanciones con el fin de permitir el pasaje de asistencia de emergencia por sus fronteras.
La medida, que permitiría que aviones de la ONU trasladaran combustible, medicinas y otros materiales de ayuda humanitaria de organizaciones que operan en el país, deberá ser discutida en una cumbre regional en el futuro próximo. (FIN/IPS/tra-en/jf/jbk/kb/lp/ip/96