El caso del ruandés Alphonse Ntezilyayo, detenido en Burkina Faso, es sólo una muestra de las 400 personas cuya captura fue requerida por el gobierno actual de Ruanda y el Tribunal Penal Internacional de la ONU para ese país -con asiento en Arusha (Tanzania)-, en relación con el genocidio de 1994.
Para los defensores de los derechos humanos en este país, sin embargo, el caso del coronel Ntezilyayo significa algo más que el juicio a un sospechoso de haber cometido genocidio en Ruanda. Es representativo de la cuestión de los derechos humanos y la impunidad en Africa.
La suerte de Ntezilyayo será decidida por un tribunal de Ouagadougou, que presumiblemente emitirá su fallo el 4 de este mes.
"El papel del tribunal en este caso particular es decidir si este señor debe ser extraditado a Ruanda o entregado al Tribunal Penal Internacional sobre Ruanda, o si no corresponde conceder la extradición", puntualizó Mamadou Savadogo, presidente de la Asociación de Abogados de Burkina Faso.
Muchos de los inspiradores de las masacres de 1994 en Ruanda, que costaron la vida a por lo menos medio millón de personas, han huído a países europeos y africanos, lo cual es denunciado por la Unión Interafricana de Derechos Humanos (UIDH).
La UIDH "no puede cruzar sus brazos ante ese fenómeno", dijo el presidente de la entidad, Halidou Ouedraogo.
"Fue por esa razón que asumimos la responsabilidad de garantizar que el sospechoso fuera traído ante los jueces, llamando la atención de los ministros de Asuntos Exteriores y de Justicia", explicó Ouedraogo.
Unos pocos de los 400 requeridos fueron detenidos en Camerún, pero muchos de ellos se encuentran a salvo en países como Zaire y Kenia.
Ntezilyayo escogió Burkina Faso. Consiguió internarse en este territorio a través de un país vecino no identificado, pero fue arrestado hace tres meses y permanece detenido en el Instituto de Corrección y Penitenciario de Ouagadougou.
Según el mensuario francés Le Monde Diplomatique, Ntezilyayo es responsable del asesinato de J.B. Habyarimana, el prefecto de policía -hutu moderado- de la ciudad de Butare, quien logró evitar las matanzas en su región durante las primeras tres semanas después de desencadenarse el genocidio en abril de 1994.
Fue el propio coronel Ntezilyayo, un ex comandante de la policía militar, quien reemplazó a Habyarimana como prefecto de Butare.
En un pedido de extradición dirigido a Burkina Faso, el fiscal de la corte de apelaciones de Kigali (capital de Ruanda), Charles Kamanzi, afirmó que Ntezilyayo, de 49 años, es responsable de planear la ejecución de varios miles de tutsis y hutus moderados.
"Entre el 1 de octubre de 1990 y el 31 de julio de 1994, el coronel Ntezilyayo presidió reuniones entre la Interahamwe (milicias hutu) y miembros de la guardia presidencial, para preparar deliberadas masacres de civiles ruandeses", escribió Kamanzi en su petitorio.
Las autoridades ruandesas sostienen que el coronel entregó gasolina a los equipos encargados de perpetrar las masacres y "de forma personal supervisó las ejecuciones con ayuda de un tal Albert Kajuga, presidente de la Interahamwe, con quien vivía".
Ouedraogo, quien también integra la Comisión Internacional para la Investigación de Crímenes de Guerra, visitó Ruanda después del genocidio.
El experto dijo estar "horrorizado" ante la visión de miles de cadáveres -hasta 80.000, según algunas estimaciones- que habían sido arrojados en fosas colectivas en Butare.
Por su parte, el abogado Savadogo explicó que no existe tratado de extradición entre Burkina Faso y Ruanda, pero que a su entender corresponde aplicar en el caso una ley de la época colonial, promulgada en 1927.
De acuerdo con Savadogo, "las condiciones, el procedimiento y los efectos de la extradición" deben ser determinados con arreglo a dicha ley. (FIN/IPS/tra-en/ag-bo/kb/arl/hd/96
