La reforma laboral propuesta por el gobierno argentino, que elimina conquistas de los trabajadores que tienen más de medio siglo de existencia, fue rechazada hoy por integramtes del oficialismo.
En un intento por recuperar la iniciativa perdida por el lanzamiento de un paquete de medidas fiscales muy resistido entre los empresarios y la población en general, el presidente Carlos Menem anunció una reforma laboral que entre otras cosas prevé eliminar la tradicional indemnización por despido.
El objetivo de la iniciativa es reducir los costos laborales para generar empleo y bajar la tasa de desocupación de 17,1 por ciento, pero los destinatarios del beneficio, los empleadores, ya advirtieron que sin una política que reactive la economía no se crearán nuevas fuentes de trabajo.
Los legisladores del gubernamental Partido Justicialista afirmaron este lunes que la propuesta será difícilmente aceptada.
"No es fácil votar leyes que van en contra de los sectores del trabajo", advirtió el diputado Humberto Roggero, quien expresó sus propios reparos a aceptar la medida.
"Si la eliminación de las indemnizaciones sólo significa dar mayor rentabilidad a los empresarios sin que se generen nuevas inversiones, entonces será un esfuerzo inútil", destacó.
La ley de indemnizaciones por despidos, que otorga un mes de sueldo por cada año trabajado, tiene 62 años de existencia. Nació en el sector del comercio y se extendió a todo el universo de los trabajadores en los años '40, durante el primer gobierno del extinto general Juan Perón.
El ministro del Interior, Carlos Corach, explicó este lunes que el fondo con el que se intentará reemplazar la ley contra los despidos arbitrarios no será financiado con el aporte de los trabajadores sino de los empresarios.
Pero la aclaración no alcanzó para ganar adeptos al proyecto, sino que al contrario puso en alerta a los empleadores, únicos socios de la iniciativa.
En respuesta al avance del gobierno sobre derechos laborales de tan larga data, el secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) Gerardo Martínez ratificó la realización de un paro general para los días 26 o 27.
La central sindical, controlada por el justicialismo, había sido hasta hace dos meses uno de los pilares de apoyo del gobierno.
Pero el 8 de agosto realizó un huelga general de 24 horas contra una serie de medidas de ajuste de los salarios y este mes realizará otra de 36 horas y con movilización callejera.
El dirigente de la central sindical Carlos West Ocampo advirtió que la eliminación de las indemnizaciones por despido "es una nueva quita a los trabajadores que pasa al bolsillo de los empresarios sin que éstos se comprometan a nada".
Esta aseveración fue confirmada por representantes de la Unión Industrial Argentina, ante quienes Menem realizó los anuncios.
El vicepresidente de esa central empresarial, Diego Videla, sostuvo este lunes que la reforma permitirá legalizar empleo existente, pero "no resolverá el problema del desempleo".
Los analistas del mercado laboral observan que la alta tasa de desocupación es producto de factores como la incorporación de tecnología y la reforma del Estado, así como de la crisis derivada de la devaluación mexicana de 1994.
Los empresarios creen que la flexibilización de normas laborales permitirá rebajar los costos de contratación y ayudar a reducir los costos laborales, pero reclaman medidas para alentar el crecimiento de la economía y el desarrollo industrial como único medio de generar nuevos puestos de trabajo.
"Los industriales quieren una política productiva, de reactivación, pero como no la consiguen se conforman con el premio consuelo: poder despedir a los trabajadores sin indemnizarlos y convertirse en importadores de productos extranjeros", afirmó a su vez el sindicalista Carlos West.
Este jueves la cúpula del oficialismo se reunirá con Menem para tratar de aunar voluntades en una coyuntura considerada crítica para el modelo económico. (FIN/IPS/mv/dg/ip-if-lb/96
