Un auditoría del Banco Mundial afirmó que la inconclusa represa hidroeléctrica de Yacyretá, compartida por Argentina y Paraguay, representa un desastre económico, ambiental y social difícil de evaluar.
El documento interno del Banco Mundial, al que tuvo acceso IPS, concluye que los dos gobiernos "desatendieron" las recomendaciones de la entidad en materia económica y financiera y en lo relativo a las poblaciones que se verán afectadas cuando la represa esté operando plenamente en 1998.
Argentina y Paraguay comenzaron a construir la represa de Yacyretá hace 16 años con la esperanza de generar electricidad y, eventualmente, exportarla a la región. Hoy, la obra está en venta y es objeto de ácidos cuestionamientos.
Nueve años después de la fecha originalmente prevista para su finalización y con miles de millones de dólares gastados fuera de lo programado, Yacyretá, que fue calificada de "monumento a la corrupción" por el propio presidente de Argentina, Carlos Menem, se convirtió en una pesada carga para los dos países.
La auditoría del Banco Mundial cuestiona el desempeño de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), a cargo de la construcción de la represa, y la actitud del propio Banco, que aportó fondos para la obra.
Yacyiretá se ubica en el río Paraná, limítrofe entre Argentina y Paraguay. Ambos países son propietarias de partes iguales de la represa hidroeléctrica, al igual que de la energía que produce.
Cuando comenzaron las obras, los técnicos preveían que el costo final se ubicaría en alrededor de 2.600 millones de dólares. Recientes estudios afirman que se habrán gastado entre 11.000 millones y 12.000 millones de dólares al fin de la construcción.
"Este precio la convierte en la segunda represa más cara del mundo, tanto en costos como en sobrecostos. La primera es la brasileño-paraguaya Itaipú, río Paraná arriba", dijo Glenn Switkes, director de programas latinoamericanos de la no gubernamental Red Internacional de Ríos.
El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) prestaron desde 1979 1.600 millones de dólares para la concreción del proyecto. Ese dinero fue entregado a la EBY, entidad establecida para dirigir las obras tras el tratado firmado por Argentina y Paraguay en 1973.
La represa parecía condenada desde el principio, de acuerdo con el informe de auditoría realizado por el Banco Mundial, fechado el 19 de agosto.
Aunque el primer préstamo fue firmado en noviembre de 1979, el contrato de construcción no fue suscrito hasta octubre de 1983. La postergación se debió a "una disputa sobre la atribución de las obras civiles que comenzó a fines de 1980", según el documento.
Pero en 1982, cuando la obra ya había comenzado, "la demanda real de electricidad se había rezagado 25 por ciento respecto de las previsiones originales y no había señales de una recuperación rápida de la demanda".
"Ya no había tanta urgencia para construir Yacyretá", indicó la auditoría.
Al mismo tiempo, se confirmó la existencia de grandes reservas de gas en Argentina. En contraste a la rigidez que representaba la dependencia de la energía de la gigantesca represa, el gas puede emplearse para generar electricidad barata en pequeñas cantidades.
"Las dimensiones del proyecto (de Yacyretá) y las cambiantes condiciones económicas y tecnológicas hacían más atractiva la alternativa del gas", por lo cual los análisis económicos y la tasación "debieron reformularse completamente" en 1988, de acuerdo con el documento del Banco Mundial.
Entonces, "el Banco no actuó con decisión cuando se enfrentó con los hechos", "aceptó repetidas violaciones de los convenios y continuó asociado con resultados financieros y operativos insatisfactorios", agregaron los auditores.
"El costo de producción de cada kilowatt por hora será más de tres veces mayor que el precio competitivo" de venta establecido por la EBY, y "las pérdidas económicas y financieras resultantes son gigantescas", sostuvieron.
El documento estima que Yacyretá acumulará una pérdida de casi 8.000 millones de dólares en valores actuales. Otros estudios sitúan las pérdidas en alrededor de 11.000 millones de dólares.
Los costos de ingeniería cuatriplican y los administrativos septuplican los originalmente previstos, según la auditoría del Banco Mundial.
Eso "empequeñece el buen desempeño del Banco en otros" proyectos, afirmaron los analistas, quienes sostuvieron que las "recomendaciones" de la entidad financiera, tanto en materia financiera como sobre el traslado de los pobladores de zonas anegadas, "fueron desatendidos" por los gobiernos y la EBY.
Consultores contratados por el Banco en 1990 formularon un Plan de Reasentamiento y Ambiente, que se incluyó entre las condiciones de un préstamo destinado a Yacyretá. Pero los auditores sostuvieron que "se han hecho pocos progresos en la implementación del programa".
Luis Jacobo, "ombdusman" de la ciudad argentina de Posadas, 100 kilómetros río arriba de la represa, dijo el año pasado que los pobladores de las cercanías nunca obtuvieron empleo en la obra, pero muchos barrios pobres se verán sumergidos por el lago.
Uno de cada tres residentes en Encarnación, la tercera ciudad de Paraguay, se verán afectados, y 500 empresas quedarán bajo las aguas, junto con escuelas, iglesias y edificios públicos.
Se estima que se deberá evacuar alrededor de 50.000 personas en total.
Además de esas dos ciudades, se inundarán unos 16.000 kilómetros cuadrados de tierra silvestre y 300 islas sobre el río Paraná cuando se cierren las compuertas de Yacyretá en 1998.
"El Banco debería continuar vigilando con cuidado la ejecución del proyecto, especialmente en lo que refiere a los asentamientos humanos, y preparar una prolija evaluación del impacto económico, social y ambiental inmediatamente después", recomienda el documento.
Pero si la represa se vende antes, los gobiernos, la EBY, el Banco Mundial y el BID se habrán sacado de encima la responsabilidad de mitigar los daños ambientales y sociales que provocará la represa.
El Senado de Argentina aprobó el mes pasado un plan de venta de la represa en el marco del programa de privatizaciones iniciado a comienzos de la década por el gobierno de Menem.
El proyecto de venta enfrenta dificultades en la Cámara de Diputados de Argentina y en el Congreso de Paraguay.
Entre otros requisitos, se exigiría al comprador el depósito de una parte de los beneficios de la venta de electricidad para cubrir los costos sociales y ambientales de las operaciones. (FIN/IPS/tra-en/aa/jl/mj/en if/96
