Organizaciones indígenas denunciaron que sus pueblos son discriminados en Venezuela, y presentarán el caso al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, según anunciaron al conmemorarse hoy el día internacional de los pueblos indígenas.
El comité contra la discriminación racial de la ONU se reunirá en Ginebra desde el día 12 y conocerá un informe de 15 organizaciones indígenas y humanitarias de Venezuela, el cual denuncia evidencias de la discriminación racial que padecen.
Se trata de desconocimiento de sus derechos económicos, sociales y culturales (derecho a tierra, salud y educación) y "la frecuente violacióna a sus derechos civiles y políticos", según la organización de derechos humanos Provea.
En Venezuela, de 22 millones de habitantes, existen 32 pueblos indígenas con más de 300.000 individuos, en su mayor parte habitantes de áreas de frontera.
El Consejo Nacional Indio de Venezuela, que agrupa 19 pueblos, acompañó el infome con una declaración frente a la discriminación "que se vuelve más sutil y se expresa en el desconocimiento y negación de los derechos humanos más elementales que nos corresponden como primeros pobladores del país".
"La concepción de igualdad ante la ley ha sido utilizada por el Estado venezolano para fomentar la discriminación contra los pueblos indígenas, al negarles el reconocimiento de derechos específicos que les corresponden", señaló el Consejo.
Un primer problema es el de la tierra, pues "sólo 17 por ciento de las comunidades indígenas tienen documentos legales que acrediten la tenencia de sus tierras, en su mayoría insuficientes en calidad y en cantidad".
"La mayor parte de las comunidades indígenas están expuestas a la inseguridad y a las invasiones y usurpaciones de sus tierras por parte de ganaderos, mineros, compañías trasnacionales y empresas turísticas", destacó el Consejo.
Provea recordó el caso de la comunidad Ka'riña, cristianizada bajo el nombre de "Jesús, María y José" durante la colonia y que como tal recibió de la corona española, desde el siglo XVIII, la posesión legal de sus tierras en el oiente de Venezuela.
Pero en 1987 el ayuntamiento de la zona declaró extinguida la comunidad y convirtió sus tierras en ejidos, con miras a venderlos entre particulares. Se aguarda desde hace años un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia.
En salud, "ese derecho no es igual para los indígenas que para el resto de los venezolanos, porque 87 por ciento de nuestras comunidades carecen de centros de atención, y los que prestan servicios no están adaptados a nuestras condiciones socio- ulturales", señaló el Consejo.
Con el plan de ajustes lanzado por el gobierno de Rafael Caldera en abril, "se agrava más la situación, porque el aumento desmesurado de la gasolina (su precio fue quintuplicado) dificulta más el acceso de indígenas a centros hospitalarios", ya sea en transporte terrestre o fluvial.
En el área educativa, "la dirección de asuntos indígenas del Ministerio de Educación está adscrita a los programas de educación especial, que atiende a la población escolar con deficiencias mentales", reseñó el informe del Consejo.
"Eso demuestra por sí solo la concepción que tiene el Estado venezolano acerca de los pueblos indígenas", dijo el Consejo, "para no sumarle que cuenta con escasos recursos y personal no especializado".
Según Provea, la detención ilegal, los malos tratos y el hostigamiento "siguen siendo prácticas comunes de los efectivos de los cuerpos de seguridad que operan dentro de zonas indígenas, particularmente en ]areas fronterizas".
En el terreno legal e institucional, Venezuela todavía no ha ratificado el Convenio sobre Pueblos Indígenas de la Organización Internacional del Trabajo.
Igualmente, la ley político-territorial del sureño estado de Amazonas, de 175.000 kilómetros cuadrados, creó municipios en contradicción con la ancestral distribución de los pueblos indígenas en ese espacio, y la demanda de nulidad duerme sin remedio en los archivos de la Corte Suprema. (FIN/IPS/hm-eg/pr/96) ITEM CLOSE
