Las relaciones non sanctas entre políticos, constructores y delincuentes son cada vez más estrechas en esta ciudad, capital comercial de India, donde el espacio es caro y la gente está dispuesta a matar por él.
A medida que aumenta el número de compañías multinacionales que llegan a India estimuladas por las reformas de mercado, las rentas en Bombay se han convertido en las más altas del mundo, superando los precios de Tokio, Hong Kong y Nueva York.
A la vez, debido a viejas leyes socialistas, los inquilinos de años pagan rentas ínfimas, y a medida que aumenta la demanda de propiedades, también lo hace la amenaza del desalojo, y con esta, la de la delincuencia violenta. El cuerpo de policía de Bombay es la mayor fuerza de las ciudades de India.
Una miríada de factores están en juego, incluyendo la urbanización, las reformas económicas, la caída de la manufactura y un cuerpo de policía y servicios administrativos notoriamente corruptos.
Casi 55 por ciento de los 9.93 millones de habitantes de Bombay, según el censo de 1991, vive en asentamientos marginales, como resultado de la migración urbana y políticas de desarrollo mal encaradas, según D.R. Singh, presidente del Departamento de Criminología del Instituto Tata de Ciencias Sociales.
Sólo el año pasado se registraron 13 asesinatos contratados relacionados a rivalidades por propiedades y negocios. De los cinco crímenes de este año, tres involucraron a constructores.
La policía afirma que la gente común no se ve afectada por esta creciente ola de delincuencia, pero organizaciones no gubernamentales (ONG) y grupos de ciudadanos alertan sobre las conexiones con el crimen y el impacto en los habitantes de la ciudad.
Según Mahabaleshwar Morje, presidente de la Asociación de Propietarios de Pisos de Bombay, los inquilinos deben pagar comisiones ilegales antes de ocupar una vivienda, y previamente a su instalación, los arrendatarios son desalojados mediante juicios, amenazas físicas o la fuerza bruta.
Cada vez hay más personas en Bombay dispuestas a pagar comisiones ilegales, ya que pertenecen a la clase media de nuevos ricos, estimada entre 150 y 300 millones en todo el país, y beneficiaria del programa de reformas económicas.
El rápido crecimiento de Bombay como centro comercial y financiero de India ha sido testigo de la reducción del empleo en el sector manufacturero, de 36 por ciento en 1980 a 28,5 por ciento en 1990.
La participación de la fuerza de trabajo en el comercio, las finanzas y los servicios aumentó de 52,1 a 64,3 por ciento en el mismo período.
Un ejemplo de este cambio ocurrió en 1994, cuando en propietario de una fábrica textil fue asesinado por miembros de una banda que pretendía apoderarse del terreno.
Las hilanderías, antes un centro floreciente de producción de textiles, se asientan en la actualidad sobre unos 10 millones de metros cuadrados de tierras vacantes en el centro de Bombay. El gobierno, atraído por el potencial de estas tierras, ha perdido todo interés en las fábricas.
Autoridades de policía de Bombay no se sorprenden ante el hecho de que las bandas mafiosas se hayan involucrado en el negocio de la construcción. Esta es una ciudad donde poco menos de un metro cuadrado de propiedad vale hasta 800 dólares.
La policía enfrenta dificultades para hacerse cargo de los 90.000 delincuentes y 2.000 mafiosos que figuran en sus archivos, muchos de los cuales utilizan ahora armas automáticas y teléfonos celulares en una guerra de alta tecnología.
Este año, la policía gastará unos 1,7 millones de dólares adicionales para mejorar su sistema de comunicaciones y otros equipos. El cuerpo de Bombay recibirá la mayor cantidad en India, unos 58 millones de dólares.
Colin Gonsalves, integrante de la Red de Leyes Derechos Humanos, sostiene que una de las razones para el aumento de la delincuencia es la participación de la policía en los acuerdos sobre tierras.
Incluso los altos funcionarios están amenazados. G.R. Khairnar, vicecomisionado de la Corporación Municipal, fue suspendido en 1994 tras convertirse en un héroe ante los ojos de la opinión pública, al exponer supuestos acuerdos ilegales que involucraban al ministro jefe Sharad Pawar y lanzar una guerra de alta intensidad contra las construcciones sin autorización.
"Las construcciones ilegales en la ciudad cuentan con el consentimiento tácito de las autoridades", dijo Khairnar, a quien incluso se retiró la escolta policial, y añadio que "la señal fue muy clara en el sentido de que mis acciones no fueron bienvenidas". (FIN/PANOS/mm/dds/lp/ip/96)
(*) Este material fue producido por Panos Features, de Londres, y es distribuido por IPS para uso de sus suscriptores
