La protesta de campesinos cocaleros del sur de Colombia contra la erradicación de sus cultivos derivó en un "conflicto bélico" que tiende a agudizarse, advirtió este viernes una institución privada.
Según el Centro de Investigaciones y Cultura Popular (Cinep), organización no gubernamental con participación en proyectos de desarrollo, medio ambiente y derechos humanos, el gobierno asumió "una actitud de dilación y un total apoyo al ejército", lo que polarizó el conflicto.
Para Cinep, la situación genera "condiciones favorables para que a mediano plazo los cultivadores de coca se afirmen en el poder armado de la guerrilla o se vinculen con ella".
Las confrontaciones registradas durante las tres semanas de conflicto provocaron la muerte de al menos tres personas, entre ellas un menor de edad, y la desaparición de otras 12, según grupos no gubernamentales de defensa de los derechos humanos.
El gobierno de Ernesto Samper advirtió que no permitirá que "al amparo de la proliferación de los pequeños predios de coca" el narcotráfico y la guerrilla "continúen haciéndole daño al país".
Más de la mitad del territorio de Colombia está invadido de sembradíos de coca, cuya sustitución por otros cultivos no parece una meta de concreción cercana.
Unos 45.000 cultivadores de ese producto de los departamentos sureños de Putumayo y Guaviare protagonizan desde hace semanas protestas en reclamo, entre otros puntos, de la despenalización del cultivo de coca y el tratamiento de sus problemas en el plano social.
El gobierno de Colombia suspendió este miércoles el diálogo con los dirigentes cocaleros, al tiempo que reiteró que su política de erradicación de cultivos ilícitos no es negociable.
La comisión anunció la suspensión de las negociaciones un día después de haberlas iniciado, aunque manifestó en un comunicado su disposición a "discutir y procurar acuerdos" que brinden a los campesinos opciones "productivas lícitas y rentables".
El gobierno había anunciado el domingo 4 un programa a través del cual se garantizará a los campesinos ganancias equivalentes a las que obtienen mediante la venta de la hoja de coca a los narcotraficantes.
El programa, anunciado por el propio presidente Ernesto Samper, tendría un costo de 17 millones de dólares provenientes de la Red de Solidaridad, un organismo del gobierno, y se orientaría inicialmente a los campesinos de Putumayo y Guaviare, centros de la protesta.
Eduardo Díaz, gerente de la Red de Solidaridad, indicó que para concretar la propuesta gubernamental "se requiere, obviamente, la participación voluntaria de los campesinos".
La erradicación de cultivos ilícitos se ha desarrollado hasta ahora por medio de fumigaciones aéreas con glifosato, un herbicida que, según expertos, provoca graves daños al medio ambiente y a la salud humana.
Colombia, con 34 millones de habitantes, es considerado el mayor procesador y organizador del tráfico de drogas. Unas 350.000 personas están involucradas en labores de siembra de cultivos ilícitos.
Según estimaciones de la policía, los cultivos de coca, amapola y marihuana del país cubren unas 60.000 hectáreas en, al menos, 14 departamentos.
Sin embargo, las comunidades señalan que la cifra real es cercana a las 100.000 hectáreas, más de 70.000 de las cuales están dedicadas a la coca. El gobierno busca ocultar la gravedad de un problema que tiene raices estructurales, aducen.
Por su parte, el Cinep afirma que los cultivos alcanzaron esta década a cubrir entre 160.000 y 180.000 hectáreas.
Colombia no sería sólo el mayor procesador y centro de tráfico de drogas en el mundo, sino que habría desplazado a Bolivia como segundo productor de hoja de coca, y estaría cerca de Perú, donde esos cultivos cubren 121.300 hectáreas.
Sólo en el departamento de Guaviare hay 25.000 hectáreas sembradas con la planta, que producen 150 kilos de pasta y generan a los narcotraficantes unos 300 millones de dólares anuales de ingresos.
Según el borrador de una propuesta que el presidente de Francia, Jaques Chirac, extendió la semana pasada en París a su par de Colombia, Ernesto Samper, sólo 0,053 por ciento de esos 300 millones de dólares llegan al productor.
Chirac planteó a Samper la creación de un fondo internacional para comprar a los campesinos productos sustitutivos a la droga al mismo precio al que la hoja de coca les es adquirida por el narcotráfico
El fiscal general Alfonso Valdivieso afirmó que el costo de los problemas sociales que genere el cultivo de coca "debe ser asumido por el estado", pues se trata de "un típico problema de estado".
Valdivieso manifestó que en Putumayo, Guaviare y otros departamentos productores de hoja de coca se está demostrando el escaso compromiso que tenía el gobierno con la atención de los problemas locales.
En opinión del sociólogo Alfredo Molano, la propuesta de Chirac es positiva, pues si hay mercado para los productos sustitutivos de la coca y otros cultivos ilegales "el trabajo de los campesinos cobra valor y el nudo de la pobreza puede comenzar a desatarse".
Se trata de "un ofrecimiento muy distinto" al de la ley de Preferencias Arancelarias (ATPA) que Estados Unidos promulgó para asistir a los países andinos vinculados a la lucha antidrogas. El ATPA beneficia a los exportadores pero no al pequeño productor de cultivos ilícitos, afirmó.
No obstante, Molano considera que sería "iluso" pensar que se solucione el problema de los cultivos ilícitos mediante el mecanismo propuesto por Chirac.
Esas medidas requieren un programa real de reforma agraria, que además facilite a los campesinos el acceso al crédito subsidiado y a mercados organizados, dijo.
La propuesta de una reforma agraria integral también es apoyada por la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC).
Las tierras aisladas en que se cultivan los productos ilícitos han sido pobladas por colonos "desplazados por la violencia política y por la falta de trabajo y oportunidades", señala un documento de la ANUC divulgado esta semana.
Los "campesinos pobres" que poblaban esas tierras fueron alentados e "incitados económicamente por los narcotraficantes a cultivar primero marihuana y luego coca y amapola", sostiene Eliseo Báez, secretario de la Asociación.
Para Alejandro Reyes, investigador de la Universidad Nacional, la estrategia de la erradicación de cultivos tiene además un componente militar.
El comandante del ejército, general Harold Bedoya, sostiene que tras las protestas de los campesinos está la guerrilla, que opera conjuntamente con el narcotráfico para impedir la erradicación de los cultivos ilegales. (FIN/IPS/yf/dg/ip/96
