La última refriega que sacude a Filipinas en relación con el proceso de liberalización económica tiene lugar en el sector del comercio minorista, donde se debate con furia sobre la conveniencia de abrir el negocio a la competencia de los gigantes extranjeros.
La legislación filipina ha protegido durante casi medio siglo el comercio minorista, reservándolo a firmas cuya propiedad sea 100 por ciento nacional. Ahora, en cambio, el Congreso está dando los últimos toques a una nueva ley que modificará este régimen nacido del "nacionalismo económico" de los años 50.
El proyecto que considera el Congreso permite la propiedad extranjera de los negocios de venta al por menor, hasta 100 por ciento de la empresa bajo ciertas condiciones.
En los últimos cuatro años el gobierno liberalizó sectores tales como las telecomunicaciones y la banca, rompiendo fuertes monopolios y contribuyendo a la reanimación de la economía.
En esta etapa, en cambio, se enfrenta a una ruidosa protesta contra la forma y los alcances de la proyectada liberación del comercio minorista.
"Deseamos advertir que la desregulación del sector podría producir un efecto exactamente opuesto al buscado, es decir, un mercado detallista controlado por unos pocos o por un gigante transnacional", declaró un grupo de minoristas.
"Nadie está pidiendo una limosna", dijo la semana pasada la Asociación Filipina de Supermercados, recordando al gobierno la norma constitucional que dispone el uso preferencial de mano de obra y productos filipinos.
El comercio minorista, que representa 13 por ciento del producto interior bruto, es uno de los últimos sectores donde aún está prohibida la inversión extranjera.
Los autores del proyecto sostienen que la liberación del comercio minorista es una medida lógica que estimulará la competencia, mejorará la calidad de los productos, atraerá la inversión extranjera y creará empleo, en un momento en que las mayores cadenas de supermercados y grandes almacenes ansían entrar a los prósperos mercados asiáticos.
"Mantener cerrado el sector minorista cuando se han abierto otros sectores cruciales de la economía significa contrariar el ritmo de los esfuerzos generales de liberalización que el país está realizando", afirma en un estudio la economista Carla Grino, de la Universidad de Asia y el Pacífico, sita en Manila.
Los legisladores buscan ahora un acuerdo para conciliar posiciones en cuanto al capital mínimo exigible para que los inversores extranjeros puedan poseer el total de una empresa de venta al por menor.
Los impulsores de la ley desean una legislación liberal, que permita la plena propiedad extranjera con un capital mínimo de 385.000 dólares, mientras que otros exigirían un mínimo de 100 millones de dólares.
Los detallistas filipinos temen que una ley liberal los deje fuera del negocio, si se permite que grandes compañías de venta al detalle de productos que van desde alimentos hasta suministros para la construcción, sean dueñas exclusivas de establecimientos nacionales.
Nicanor Perlas, director del Centro de Iniciativas para un Desarrollo Alternativo, sito en Manila, exhortó a los filipinos a sumarse a la creciente oposición a la liberación del comercio, que se impone en los círculos internacionales, advirtiendo que no se trata de una ecuación en la que todos ganen.
Se espera que la mayoría de las inversiones extranjeras en el sector minorista correspondan a cadenas de grandes almacenes y supermercados.
Grino señala en su estudio que el debate sobre esta cuestión suele omitir dos consecuencias importantes de la reforma: la ruptura de una situación semi-oligopólica en el sector nacional y la oportunidad de que los productores filipinos abastezcan a cadenas comerciales en el extranjero.
"Sólo unos pocos, de los numerosos minoristas que trabajan en Filipinas, dominan el negocio", expresa Grino, quien añade que los tres mayores detallistas, en una lista de 5.000 grandes firmas, controlan 38,51 por ciento de las ventas totales de su subsector.
La economista anota también que los grandes almacenes y los supermercados no competirán con las pequeñas tiendas sino con los grandes minoristas nacionales.
Los propietarios de supermercados, por su parte, reconocen que la desregulación de otros sectores rompió los cárteles, pero afirman que las cosas son diferentes en el sector minorista.
En una declaración reciente, los propietarios de supermercados dijeron que "la competencia entre los minoristas filipinos es ya tan intensa que hemos llegado a un punto en que nuestros márgenes brutos son los más bajos de la región, y tal vez del mundo".
Otros empresarios se resignan a la apertura del sector por entender que se trata de un paso inevitable después de haberse abierto otros sectores sensibles como la banca y la minería, y porque los países compiten por atraer inversión extranjera.
"Lo que de verdad sentimos es que esto parece una batalla perdida", dijo Vicente Paterno, presidente y director ejecutivo de Philippine Seven Corporation, una firma nacional que tiene licencia para dirigir la cadena estadounidense de tiendas 7-Eleven en Filipinas. (FIN/IPS/tra-en/js/cpg/arl/if-ip/96
