La Comisión de Medio Ambiente del parlamento de El Salvador prohibió la caza de animales silvestres por cinco años en las 123 áreas protegidas existentes en el país.
Según anunció el diputado oficialista Norman Quijano, la norma, que entrará en vigencia este jueves, dispone una multa de unos 570 dólares a quienes sean capturados ejerciendo la caza con fines deportivos, sobrevivencia o comercialización y no descarta penas de prisión.
La decisión se produjo en razón de que unas 90 especies se encuentran en peligro de extinción, de las cuales tres pertenecen al grupo de peces, tres a anfibios, 16 a reptiles, 50 a aves y 18 a mamíferos, según declaró el director de Servicio de Parques Nacionales y Vida Silvestre, Néstor Herrera.
Entre ellas figuran el cocodrilo, el caimán, el puma, el tigrillo, el mono araña, el venado cola blanca, el armadillo, así como gran cantidad de aves.
Otras 199 figuran en la categoría de amenazadas, entre las que destacan 23 pertenecen al grupo de anfibios, nueve al de reptiles, 141 al de aves y 26 a mamíferos.
El deterioro de la flora silvestre también es notable ya que 62 especies de árboles y 53 de orquídeas están en peligro de extinción.
Según el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (Cesta), en el país tres especies de árboles, 10 de aves y tres de mamíferos han desaparecido.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través del Servicio de Parques Nacionales y Vida Silvestre, declaró no tener capacidad para establecer controles a la cacería indiscriminada.
De las 123 áreas protegidas por el gobierno, 115 no cuentan con guardias forestales.
Por otra parte, el crecimiento demográfico y la pequeñez territorial del país generan mucha presión contra la vida silvestre.
El Salvador tiene una población de 5,7 millones de habitantes en una extensión territorial de 20.000 kilómetros cuadrados, es decir una densidad de 285 habitantes por kilómetro cuadrado, una de las más altas en el continente americano.
Hace dos años la Asamblea Legislativa aprobó una ley de Protección a la Fauna y Flora Silvestre, pero hasta el momento no existe ningún reglamento que le de vigencia.
Desde diciembre de 1993 el parlamento, organizaciones de la sociedad civil y el gobierno debaten un anteproyecto de ley ambiental, sin que se haya logrado un consenso que permita su aprobación.
El presidente de la Unión Ecológica Salvadoreña (UNES), Angel Ibarra, declaró que el sector que más resistencia presenta a la aprobación de ese texto es el gran capital, ya que piensa más en el lucro de sus empresas que en el futuro de la vida del país.
Junto a Haití, El Salvador es el país más dañado ecológicamente de América Latina. Sus suelos están erosionados en 80 por ciento, sólo existe dos por ciento del bosque original y 90 por ciento de sus ríos y lagos se encuentran contaminados.
Al comentar el dictamen de la veda que propone el Parlamento, Ricardo Navarro, director del Cesta, señaló que era muy lamentable que las medidas de prevención no se tomen a tiempo y que se haya esperado a que la fauna salvadoreña esté en grave peligro.
"Ahora se tienen que tomar medidas extremas, que sin duda afectarán a un sector de la población que sobrevive de la caza de animales silvestres", dijo Navarro.
Por otra parte, manifestó que además de la prohibición de la caza el Estado debería prohibir la destrucción de los habitat naturales de la fauna salvadoreña, lo que no ha sido posible por la oposición de las grandes empresas, fundamentalmente las de la rama de la construcción. (FIN/IPS/jd/dg/en/96
