El gobierno de Cuba pareció atenuar el rencor que experimenta desde hace tres décadas por la Organización de Estados Americanos (OEA), tras el dictamen de su Comité Jurídico contra la ley Helms-Burton de Estados Unidos.
El canciller cubano Roberto Robaina calificó el dictamen, aprobado en Brasil el día 23, como "un hecho sin precedentes" que constituye el mejor ejemplo para demostrar "que ese engendro debe derogarse inmediatamente".
Robaina recordó que "es la primera vez que una estructura de la OEA se pronuncia contra la posición de Estados Unidos contraria a la isla".
El nuevo rechazo a la ley tiene un significado especial para las autoridades cubanas que, desde su expulsión de la OEA en 1962, miran con recelo todo lo que tenga que ver con el sistema interamericano.
La desconfianza llevó a la sorpresa en junio, cuando la XXVI Asamblea General de la OEA decidió impugnar la ley Helms-Burton y solicitar a su Comité Jurídico un rápido análisis de su validez según el derecho internacional.
Entre elogios al decoro, la dignidad y la valentía de los miembros del foro, el oficialista diario Granma no olvidó los reproches habituales a la organización, que declaró al régimen cubano como incompatible con la democracia en el continente.
Miguel Alfonso, vocero de la cancillería cubana, calificó de "sorpresiva" la posición de la OEA y reiteró que su país "está consciente de los cambios" en el organismo regional.
Hasta ahora el gobierno cubano ha mirado con recelo cualquier intento de acercamiento por parte de la OEA, partiendo del supuesto de que el retorno del país caribeño al foro tendría como premisa aceptar el sistema democrático representativo.
Aunque el dictamen refleja una opinión jurídica, tiene un significativo valor moral y corresponde ahora a los órganos políticos de la OEA manifestarse a partir del mismo, declaró Robaina este lunes a la agencia oficial cubana Prensa Latina.
El Comité Jurídico aprobó por unanimidad en Brasil que los fundamentos y la eventual aplicación de "áreas significativas" de la ley Helms-Burton "no guardan conformidad con el derecho internacional".
El dictamen se basa en la protección de los derechos de propiedad de nacionales, la extraterritorialidad y los límites que fija el derecho internacional al ejercicio de la jurisdicción, pero según Robaina no toca otros aspectos anticubanos de la ley estadounidense.
La ley Helms-Burton, aprobada el 12 de marzo por el presidente Bill Clinton, pretende frenar la inversión extranjera en Cuba mediante sanciones a empresarios de terceros países que comercien con la isla o negocien con antiguas propiedades estadounidenses nacionalizadas por el régimen cubano.
Para Cuba la ley es denigrante por sus pretensiones extraterritoriales, pero también por otros capítulos menos conocidos que regulan las formas y vías para derribar al gobierno del presidente Fidel Castro.
"La decisión del Comité Jurídico de la OEA coloca en una situación muy especial al gobierno estadounidense y, sobre todo, al enviado especial de la Casa Blanca, Stuart Eizenstat, así como a la embajadora Madeleine Albright, designados para buscar apoyo a la Helms-Burton en otros países", dijo Robaina.
Según el canciller cubano, la resolución de los expertos, que deberá ser sometida a la consideración del Consejo Permanente de la OEA, obstaculizará la gestión de los enviados de Washington en la gira prevista por los países de la Unión Europea, Canadá, México y otras naciones latinoamericanas.
Robaina aseguró que Eizenstat y Albright tienen dos posibilidades: o pedir excusas a nombre de Estados Unidos por violar el derecho internacional o solicitar a los demás gobiernos que acepten "esa política absurda e imperial, renunciando a los más elementales derechos soberanos". (FIN/IPS/da/ag/ip/96
