La Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Costa Rica advirtió hoy sobre un posible estallido social en la atlántica provincia de Limón, donde hoy comenzó una huelga en demanda de mejores condiciones de vida.
Francisco Avendaño, presidente de la Comisión, indicó que desde hace un año la provincia está virtualmente tomada por la policía con la excusa de combatir el narcotráfico, pero aseguró que esa presencia parece tener la intención de controlar cualquier brote social.
La huelga es dirigida por un comité denominado Limón en Lucha, el cual señala que la provincia está prácticamente abandonada por el gobierno del presidente José María Figueres.
El comité asegura que el desempleo de las mujeres en la zona llega a 68 por ciento y el de los hombres a 42,8 por ciento.
"Hay un gran abandono en Limón que tiene que ver con racismo – la mayoría de la población es negra- y hay serios problemas de salud, de habitación y de educación", señaló Avendaño.
A esto se agrega el malestar por la presencia de cuerpos de policía armados con ametralladoras y bombas lacrimógenas, que más que intimidar buscan causar daño a la población, afirmó.
En la capial de provincia hay actualmente unos 400 policías que son vistos por la población como un "ejército blanco extranjero" preparado para repeler brotes de violencia, añadió.
Luis Fernando Astorga, de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (Codehuca), dijo que ese organismo advirtió que en Limón se ha creado una situación explosiva que puede generar graves violaciones de los derechos humanos.
"No queremos que en esa provincia haya una tragedia", señaló Astorga, al indicar que se ha creado una red de derechos humanos y una comisión permanente en la provincia para advertir sobre situaciones peligrosas.
En 1992 la zona de Limón sufrió las consecuencias de un devastador terremoto, pero el gobierno no ha hecho fuertes inversiones para reparar los daños.
El año pasado, el gobierno acabó con el oligopolio de la estiba, bajo el cual se entronizó el poder de un sindicato al que se acusa de corrupto. Por presiones de este sindicato las tarifas de los muelles aumentaron a precios no competitivos, porque se pagaban altos salarios a personas que no trabajaban.
Al abrir el gobierno el negocio de la carga y descarga a la competencia privada estalló una lucha de poder entre varios sindicatos que pretenden asumir el control y los precios de la estiba bajaron, pero saltó a la vista el problema del desempleo que agobia a la provincia.
Según las denuncias, ahora el negocio lo hacen las empresas estibadoras que trabajan en los muelles con ganancias millonarias, pero la población se encuentra en difícil situación.
"El problema ahora no es de muelleros con el gobierno, es de la población que se encuentra en situación paupérrima", dijo Astorga.
Pese a los temores de enfrentamientos con la policía, esta procedió este lunes a levantar barricadas de las calles de acceso al puerto sin ningún problema, pero se teme que si las negociaciones con el gobierno no prosperan pueda haber brotes de violencia. (FIN/IPS/mso/ag/ip/96
