Los 45.000 cultivadores de coca de la provincia colombiana de Putumayo que protagonizaban una huelga levantaron hoy la medida de fuerza tras la firma de un acuerdo con el gobierno.
Mientras tanto, otros 75.000 campesinos de la provincia de Caquetá se mantienen en una tensa calma tras enfrentamientos con el ejército que dejaron un saldo de un muerto y 33 heridos.
Eduardo Díaz Uribe, representante del gobierno, afirmó que el acuerdo de Putumayo se realizó sobre la base de que el Ejecutivo no negociará su política de erradicación de cultivos ilícitos y que se llevarán a cabo en la región programas de desarrollo y generación de empleo.
"Los acuerdos permitirán construír un nuevo Putumayo sin coca", afirmó, garantizando que "todas las dependencias del Estado se volcarán hacia el departamento" para aliviar la situación de los campesinos.
Díaz Uribe, gerente de la Red de Solidaridad Social (programa bandera del gobierno), anunció que los campesinos se involucrarán en el proceso de erradicación forzoza de los cultivos y su sustitución definitiva.
La erradicación de las plantaciones ilícitas, que estarían extendidas en unas 160.000 hectáreas, es uno de los puntos de la agenda con que Estados Unidos medirá en 1996 la actitud de Colombia en la lucha contra el narcotráfico.
"El acuerdo no incluye nada que no sea realizable", dijo Díaz Uribe, aunque se abstuvo de especificar el valor de las inversiones que se realizarán.
El funcionario confió igualmente en que los campesinos cumplirán su compromiso de erradicación, porque son conscientes de que la economía de la coca "no permitiría nunca el desarrollo de la región" y genera "procesos migratorios gigantescos para los que no hay planeación posible".
Según uno de los negociadores campesinos, el acuerdo es positivo porque el gobierno reconoció los problemas sociales que han llevado a esos trabajadores a deciarse a los cultivos ilícitos.
Para la ministra de Agricultura Cecilia López, el conflicto ha sido el resultado de "haber manejado muy mal el desarrollo en esa región del país durante los últimos 30 años".
La falta de una vervadera reforma generó un flujo de colonos hacia el sur del país, que desarrollaron los cultivos ilícitos por falta de alternativas viables, estimó.
Tras la negociación, el gobierno tendrá que enfrentar la tensa situación que existe entre millares de campesinos de Caquetá, que intentan llegar hasta la capital para demandar cambios en la política de erradicación de cultivos ilícitos, y el ejército, que con tanquetas impide la movilización.
Este martes, el párroco de la ciudad de Florencia, monseñor Fabián Marulanda, pidió a los militares actuar "con la mayor prudencia y respeto con el fin de impedir nuevos hechos de sangre que agraven la situación".
Las protestas de los últimos 20 días han provocado al menos seis muertes, que el Ejército atribuye a disparos provenientes de guerrilleros infiltrados entre los campesinos. (FIN/IPS/yf/dg/ip/96
