El gobierno de Chile declaró hoy que acatará la aplicación de la ley de amnistía de 1978 en el asesinato del español Carmelo Soria, funcionario de Naciones Unidas, cometido en 1976 por agentes represivos de la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-90).
Al dar a conocer la posición oficial, el ministro de la Secretaría General de Gobierno, José Joaquín Brunner, calificó como una "actitud equivocada" una posible acusación constitucional contra los cinco jueces que el viernes emitieron el fallo definitivo en el caso Soria.
Carmen Soria, hija del funcionario internacional asesinado en julio de 1976, solicitó este lunes públicamente el apoyo del gobierno del presidente Eduardo Frei y de la coalición oficialista para una acusación constitucional a los magistrados de la Corte Suprema.
El fallo del máximo tribunal absolvió mediante la amnistía de 1978 a un coronel y un sargento retirados del Ejército que prestaron servicios en la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) e integraron la brigada que secuestró a Soria y lo torturó hasta causarle la muerte.
"El gobierno no se puede lavar las manos", dijo Carmen Soria, tras insistir en que el Estado chileno suscribió entre 1947 y 1973 cinco convenciones internacionales de protección a diplomáticos que tienen preeminencia sobre una ley local.
En su fallo, la cuarta sala de la Corte Suprema no se pronunció en la competencia entre esas convenciones y la ley de amnistía, limitándose a señalar que en el juicio no se acreditó suficientemente la "calidad de funcionario internacional protegido" de Soria.
"El gobierno no se lava las manos", afirmó Brunner, recordando que fue el Ministerio del Interior el que solicitó en 1991 a la Corte Suprema la reapertura del proceso archivado desde 1978 y la designación de un juez especial.
"Cuando en un estado de derecho los tribunales toman una resolución, sólo cabe acatar sus fallos", indicó el ministro y portavoz presidencial.
Carmen Soria, quien espera entrevistarse en los próximos días con los líderes de los cuatro partidos de la oficialista Concertación por la Democracia, reiteró que llevará también el caso a la Corte Internacional de La Haya.
El Estado chileno podría ser acusado en esa instancia por cualquiera de los estados firmantes de la convención que resguarda a los funcionarios de Naciones Unidas por incumplimiento de ese instrumento internacional.
El ministro de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza, dijo este lunes que "el caso Soria es un problema judicial y no de política exterior y por tanto no corresponde que yo me pronuncie".
El canciller agregó que la familia Soria "tiene pleno derecho" a recurrir a la Corte de La Haya y que el gobierno en su oportunidad analizaría si corresponde o no la intervención de ese tribunal internacional.
La ministra de Justicia, Soledad Alvear, afirmó igualmente que el gobierno está obligado a acatar los fallos de los tribunales, absteniéndose de opinar sobre las repercusiones internacionales del fallo del viernes.
El diputado Jaime Naranjo, del cogobernante Partido Socialista (PS), anunció que pedirá a la directiva de su colectividad que promueva en el Parlamento la acusación contra los cinco jueces que aplicaron la amnistía.
Según Naranjo, los magistrados incurrieron en "notable abandono de deberes" al no aplicar las convenciones internacionales adoptadas por el Estado chileno.
"Somos respetuosos de los fallos de los tribunales, pero no somos respetuosos de resoluciones que implican injusticia y dan impunidad a violadores de los derechos humanos", agregó el diputado socialista.
Naranjo planteó que el gobierno debe aplicar también una sanción moral a militares en servicio activo involucrados en el asesinato de Soria, impidiendo que sean ascendidos dentro del Ejército.
En el proceso estuvieron encausados por lo menos seis miembros del Ejército, incluyendo a los coroneles en servicio activo Jaime Lepe y Pablo Belmar, pero finalmente se inculpó sólo al coronel retirado Guillermo Salinas y al sargento José Ríos San Martín, también en retiro.
Carmen Soria pedirá además el respaldo a la acusación constitucional a los partidos Demócrata Cristiano, Por la Democracia y Radical Socialdemócrata, que conforman con el PS la gobernante Concertación por la Democracia. (FIN/IPS/ggr/dg/hd/96
