El mundo deberá sentarse a esperar que las sanciones económicas sobre Burundi provoquen la caída de los golpistas. Por eso, la opción de una intervención militar regional para acabar con la lucha entre etnias gana cuerpo entre analistas europeos.
Muchos observadores reclaman a la Organización de Naciones Unidas (ONU) el envío inmediato de una fuerza de paz regional a Burundi, a pesar de que la junta golpista del país africano ha asegurado que la ruptura institucional del 25 de julio tiene por finalidad acabar con los conflictos raciales.
"Perder tiempo en esta discusión solo permitirá que se registre más violencia y masacres sin sentido. Una fuerza internacional deberá trasladarse allí rápidamente", dijo William Gutteridge, director del Instituto para el Estudio de Conflictos y Terrorismo con sede en Londres.
Si todos los factores en el conflicto permanecen constantes, y no existen razones para suponer que cambiarán, la situación solo podrá empeorar, según Gutteridge.
Pero no todos piensan lo mismo. Jim Whitman, del Programa de Seguridad Mundial de la Universidad de Cambridge, afirmó que, por el contrario, una intervención militar exacerbaría los enfrentamientos.
"La situación es muy volátil. Cualquier intervención externa recibirá ataques del ejército, en el que predomina la minoritaria etnia tutsi. Si dentro del país desean violencia, nada se puede hacer para frenarla desde afuera", explicó Whitman.
Los golpistas que impusieron al mayor retirado Pierre Buyoya como nuevo presidente, cargo que ya había ocupado entre 1987 y 1993, ya anunciaron que rechazarán con la fuerza cualquier intervención, tanto a cargo de la ONU como de la Organización para la Unidad Africana (OUA).
Hasta la ruptura institucional, el gobierno pertenecía a una coalición conformada por el Frente para la Democracia en Burundi (Frodebu), de mayoría hutu, y la Unión para el Progreso Nacional (Uprona), socia minoritaria, de mayoría tutsi y tradicional aliada del ejército.
El nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Burundi, Luc Rukingama, llegó este martes a París, en el marco de una gira europea con el objeto de persuadir a Occidente de que levante las sanciones, impida intervenciones internacionales y acepte que la junta maneje la crisis.
Rukingama dijo este lunes en Bruselas que las sanciones perjudicarán a los pobres de Burundi y fortalecerán los extremismos. Su gobierno, sostuvo, intenta "detener la masacre, proteger a los habitantes de todo grupo étnico y restaurar el proceso democrático".
Los antecedentes de Buyoya como adalid del entendimiento entre las etnias hutu y tutsi provocan desconcierto en la comunidad internacional, que no sabe cómo reaccionar frente a la ruptura institucional en el país africano.
De acuerdo con un reciente título del diario estadounidense The New York Times, el líder golpista es un "demócrata autoritario". Washington condenó el golpe a principios de mes, pero también lo considera un "moderado" en el tórrido clima étnico de Burundi.
El propio secretario general de la ONU, Boutros Boutros-Ghali, recordó que Buyoya fue, hace poco, el anfitrión de un taller de trabajo organizado por el cuerpo mundial en Burundi sobre modos de mejorar la convivencia entre la mayoría hutu y la minoría tutsi.
Para muchos diplomáticos apostados en la ONU, Buyoya representa un problema. Aunque objetan el golpe militar, prefieren a este "dictador moderado" frente a los militares de línea dura de la etnia tutsi o a la posibilidad de que el caos étnico se agrave.
Buyoya aseguró que podrá controlar a los 20.000 soldados del país, pero la violencia no ha cesado. Pobladores de la provincia central de Gitega afirmaron que los soldados tutsis asesinaron a unos mil integrantes de la mayoría hutu dos días después del golpe, acusación que el ejército niega.
"Hemos preferido frenar el genocidio. Entre la muerte y las sanciones en nuestra contra, preferimos detener la muerte y soportar las sanciones, porque a la larga serán levantadas", explicó a IPS el coronel Longin Minani, portavoz del ejército de Burundi, desde Bujumbura, la capital del país.
Pero el líder del predominantemente hutu Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia (CNDD) en el exilio, acusó el sábado 10 en Roma al ejército de exterminar a millares de hutus.
En 1988, durante la anterior presidencia de Buyoya, el ejército mató a unos 15.000 hutus, en su mayoría civiles. A su vez, el CNDD es acusado de promover matanzas de tutsis.
Gobernantes del este y el centro de Africa decidieron en una cumbre celebrada el 31 de julio en Arusha, Tanzania, sanciones económicas contra Burundi en respuesta al golpe de estado. (sigue
