El presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, ingresará este martes en el último año de su gobierno con la difícil misión de cumplir la promesa más importante que efectuó al asumir el poder: crear 500.000 empleos durante su gestión.
"Nos queda mucho por hacer. El tema central respecto de nuestra propuesta electoral es cubrir las expectativas que nosotros mismos hemos creado: 500.000 empleos", dijo el ministro de Comunicación Social Guillermo Richter, al evaluar los tres años de este gobierno.
Según el ministro, la gestión de Sánchez de Lozada ya ha logrado cumplir con cerca de 40 por ciento de su oferta de creación de empleos, aunque economistas independientes y organizaciones sindicales no creen en ese dato, y sienten, por el contrario, que los esfuerzos en ese sentido han sido mínimos.
Incluso algunos partidos aliados de Sánchez de Lozada reclaman el cumplimiento de la promesa electoral y advierten que de lo contrario la respuesta de la gente se manifestará en las próximas elecciones presidenciales.
"Se siente el atraso, el hambre, la crisis, que afecta bastante a las clases desposeídas y esto puede ser contraproducente para el futuro", admitió Johnny Fernández, jefe de la populista Unidad Cívica Solidaridad, principal aliada del gobierno.
El crecimiento económico tampoco ha estado a la altura de las promesas: desde 1993, el producto boliviano se acrecentó entre tres y cuatro por ciento al año.
Ese crecimiento es similar a los índices de Ecuador, Uruguay, Paraguay y República Dominicana, pero inferior a los de Chile, Argentina, Perú, El Salvador, Panamá, Costa Rica, Colombia y Guatemala, según datos de la Comisión Económica para América Latina.
Antes de llegar al poder, Sánchez de Lozada aseguró que la economía de Bolivia crecería a un promedio anual de ocho por ciento, por la inyección de capitales extranjeros que debía producirse por el plan de capitalización (una privatización parcial) de seis empresas del Estado.
Sin embargo, ahora que ya se han "capitalizado" cuatro empresas, Bolivia captó aproximadamente 800 millones de dólares, y espera que esa cifra suba hasta 1.400 millones con las dos empresas que aún no fueron transferidas al sector privado, pero las autoridades admiten que el efecto se sentirá a mediano plazo.
Otra promesa incumplida, y reclamada persistentemente por los empresarios privados, es la disminución del impuesto al valor agregado (IVA) de 13 a 10 por ciento.
El gobierno no descarta reducir el IVA en agosto de 1997, aunque condiciona esa medida al comportamiento de la economía, que se espera crecerá cinco por ciento este año.
La otra cara de la evaluación de estos tres años de gobierno tiene más bien un aspecto positivo: analistas y medios de comunicación coinciden en destacar que Bolivia se enrumbó por el camino de la "modernidad" con transformaciones estructurales identificadas como una "revolución en democracia".
Participación popular, reforma educativa y capitalización son los pilares de ese cambio.
La participación popular consiste en la transferencia de poder político y económico a los 311 municipios.
A partir de esta forma de descentralización, se asiste a "la emergencia de ciudades intermedias, la cristalización de obras y la regionalización del poder", dijo Hugo San Martín, secretario de Régimen Interno.
Cifras oficiales señalan que la participación popular ha permitido distribuir, en sus dos años de vigencia, más de 500 millones de dólares a las regiones, para ejecutar más de 25.000 proyectos en educación, salud, riego, agua potable y otros servicios en el área rural.
La reforma educativa ha transformado radicalmente la filosofía de la educación de los últimos 40 años, que se orientaba a una homogeneidad cultural y lingüística, para poner el acento en una mayor diversidad, afirma San Martín.
La capitalización, una forma de privatización que obliga al socio privado a invertir recursos equivalentes al valor patrimonial de la empresa para convertirse en propietario de 50 por ciento de las acciones, inserta al país -según el gobierno- en la economía internacional globalizada.
El restante 50 por ciento pertenece a los ciudadanos mayores de edad, que podrán disponer de esos recursos a través de sus fondos de jubilación, por lo que se considera que el depositario directo de los recursos de la capitalización son los hombres y mujeres de este país.
"La capitalización es un camino inédito porque los excedentes que está generando tienen un sentido esencialmente humano, no es la clásica postura de crear excedentes para invertirlos en el mejoramiento de infraestructura o responder a las obligaciones externas", expresó el ministro de Comunicación.
Para sus críticos, la gestión de Sánchez de Lozada es fiel a un rígido modelo económico neoliberal "deshumanizado".
El ex dictador (1971-78) y ahora líder de la oposición política Hugo Bánzer acusó al gobierno de desarrollar un "liberalismo capitalista", "poco humano, desprovisto de sentido social, frío y mecánico".
"El materialismo en el que se basa el liberalismo ortodoxo sustentado por los partidos que administran el Poder Ejecutivo no se diferencia del materialismo que sostiene ideológicamente al materialismo marxista", afirmó Banzer en un "mensaje a la nación". (FIN/IPS/jcr/dg/if-ip/96
