El presidente Rafael Caldera descartó hoy la implantación de un estado de emergencia para combatir el delito en Venezuela, considerado por sus compatriotas, junto con la inflación, el mayor de los flagelos que padecen.
El pedido a Caldera fue hecho por José Vicente Rangel, polemista de prensa, radio y televisión, cuyo yerno José Tottesaut fue asesinado presuntamente por un sicario hace un mes, a las puertas de un jardín de infancia cuando se disponía a dejar a su hijo de tres años.
En Venezuela, de 22 millones de habitantes, se producen al año unos 5.000 homicidios y más de 150.000 otros crímenes. En el área metropolitana de Caracas son asesinadas entre 20 y 30 personas cada fin de semana y decenas de conductores de microbuses mueren al año baleados por asaltantes de sus unidades y pasajeros.
Dentro de ese marco violento han destacado en los últimos dos años renovadas evidencias de ejecuciones extrajudiciales -la pena de muerte está proscrita en Venezuela- y los linchamientos de jóvenes delincuentes por pobladas en barrios de Caracas.
Además de la inseguridad jurídica, que consideran remanente del control del Estado sobre la economía, los inversionistas señalan con frecuencia, en reuniones, foros y documentos, las deplorables condiciones de la seguridad personal.
"Para contrarrestar lo que sucede, y el agravamiento de la crisis, no queda más alternativa que usted, como instancia que encarna el poder democrático, asuma su responsabilidad y plantee la emergencia. No hay otra salida", planteó Rangel a Caldera.
El polemista, quien fue candidato presidencial de partidos de izquierda dos décadas atrás, sostuvo que con el estado de excepción podrían adoptarse medidas de emergencia en los ámbitos económico, social, policial, judicial y comunicacional.
Caldera implantó una emergencia en 1994, en medio de una crisis financiera, con suspensión de seis libertades económicas y personales, pero en 1995 levantó la excepción, aunque mantuvo restringidas algunas garantías en áreas fronterizas con Colombia afectadas por choques armados con irregulares.
Esa emergencia acompañaba medidas de control sobre la economía dejadas atrás cuando Caldera implantó en abril un programa de ajustes, que por una parte restringió el consumo y aumentó la tributación y por otra liberalizó el quehacer económico privado.
En una carta que envió este martes a Rangel, Caldera advirtió que una emergencia, según la Constitución, supone "la existencia de un conflicto interior o exterior y envuelve la eventual suspensión de las garantías ciudadanas".
"Tal situación no está planteada en la actualidad, y considero que antes de favorecer el clima de estabilidad y de paz social podría introducir percepciones e incertidumbres nada convenientes para la vida nacional", indicó el presidente. (FIN/IPS/hm/dg/ip- pr/96)
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