Dos supuestas hechiceras fueron azotadas en una plaza pública de Ecuador y cinco delincuentes murieron quemados por una multitud que actuó de modo organizado, en dos episodios que, según algunos expertos, fueron consecuencia del descrédito del sistema de justicia.
Para algunos analistas, los actos de violencia registrados en dos comunidades indígenas fueron sólo manifestaciones de barbarie, pero otros los interpretaron como tentativas de superar deficiencias del Poder Judicial.
La justicia ecuatoriana es lenta, corrupta e ineficiente, lo que explica que miles de personas resolvieran actuar por su cuenta, advirtieron varios especialistas.
En presencia de 5.000 indígenas y cámaras de televisión, dos hermanas acusadas de estafar a la población fueron azotadas el domingo en la plaza de Cualhuasig, una localidad quichua situada a 4.300 metros de altura sobre el nivel del mar, en la provincia de Tungurahua.
Ese proceder "no es sino privatizar la justicia y, en cierta medida, ante el actual estado de injusticia, es un progreso, una modernización", comentó el analista social Simón Espinoza, en un editorial del diario Hoy, de Quito.
"Si la justicia ecuatoriana es morosa e injusta, ¿qué otro recurso le queda a una comunidad, a una familia y a una persona sino hacerse justicia por mano propia?", se preguntó Espinoza.
La provincia de Tungurahua se encuentra 140 kilómetros al sur de Quito y es considerada una de las más pobres de Ecuador. Sesenta y dos por ciento de su población es indígena.
El episodio de Cualhuasig fue "el perfecto homenaje a la ineficiencia, estulticia y ausencia de todo valor", manifestó Andrés Carrión, un comentarista de televisión y editorialista.
Ecuador es "un país sin ley, sin Dios, sin autoridades", afirmó Carrión.
Sonia y Margoth Heredia, que en un principio fueron acusadas por la población quichua de Calhuasig de causar la muerte de 40 jóvenes por medio de hechizos, admitieron haberse arovechado de una epidemia de tuberculosis para impresionar a los indígenas.
Cubiertas únicamente con ropa interior, mientras la temperatura caía a cuatro grados centígrados bajo cero, las dos hermanas recibieron en la plaza pública de Calhuasig "el castigo ejemplar" decidido por los dirigentes de la comunidad, en presencia de policías, autoridades locales, militares y la televisión.
"Los indígenas no tienen responsabilidad por lo ocurrido. Es el sistema de leyes en quien nadie confía y de cuyas actuaciones todos dudan, es la pobreza infinita. Todos hemos contribuído a esta salvaje demostración de absurdo", dijo Carrión
Tres días antes, un millar de personas emboscaron un vehículo de la policía que transportaba a cinco delincuentes acusados de asesinato. Las autoridades sólo pudieron recuperar más tarde los cadáveres calcinados de los supuestos homicidas.
El hecho ocurrió en La Maná, de la provincia de Cotopaxi, ubicada a 100 kilómetros de Quito y colindante al sur con Tungurahua.
Según el ministro de Gobierno (interior), Javier Ledesma, "estos incidentes son hechos aislados, que hablan de la actitud de ciertos sectores que quieren actuar fuera de las manos de la justicia".
"Cuando la gente toma la justicia en sus manos, es momento de ponerse a reflexionar y preguntarse qué pasa con la justicia", advirtió, por su parte, el analista económico Alberto Acosta, consultor del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales.
"Hablar de gobernabilidad y no tener un sistema jurídico adecuado me parece un contrasentido". La administración de justicia en Ecuador "no guarda ni una aproximación a la equidad", expresó Acosta.
El penalista Ernesto Albán, catedrático de la Universidad Católica de Quito, indicó que el episodio de La Maná es una manifestación de la primera etapa en la historia del castigo: la venganza.
"El derecho penal surge para encauzar la acción de la venganza", señaló Albán, quien exigió el procesamiento judicial de los responsables del linchamiento para "que estos actos no se conviertan en normas de conducta".
Para los indígenas ecuatorianos "existe un divorcio evidente entre los procesos judiciales y la justicia en sí misma", destacó a IPS el antropólogo Alfredo Salazar, profesor de la Universidad Central de Quito.
"El pensamiento indígena y sus normas sociales han sido reprimidos durante siglos por la mentalidad occidental, que ya demostró su ineficiencia", concluyó Salazar. (FIN/IPS/mg/ff/pr/96)
