Diputados del opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD) de México cerraron filas para apoyar a uno de sus colegas en una investigación en la que se detectó que en 1989 el presidente Ernesto Zedillo habría autorizado un cuestionado pago a una empresa harinera.
El PRD rechaza los intentos del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), mayoritario en el Congreso, para desaforar al diputado independiente Adolfo Aguilar, responsable de la investigación, y de archivar el caso en el que estaría involucrado Zedillo, declaró el diputado Víctor Quintana.
Tras afirmar que sus investigaciones generaron una "reacción persecutoria y desacalificadora" en el gobierno y el PRI, Aguilar dijo que continuará demandando una aclaración de la actuación del presidente, quien hace siete años era secretario de Programación y Presupuesto.
"Hemos decidido apoyar a Aguilar, porque tiene que respetarse su trabajo y su fuero como diputado. No vamos a aceptar que se vulnere en lo más mínimo sus derechos políticos", señaló Quintana del PRD, tercera fuerza política del país.
Según documentos recogidos por Aguilar, pese a que se emitieron informes oficiales que recomendaban no entregar a la empresa harinera Maseca, propiedad de un amigo del ex presidente Carlos Salinas (1988-1994), un subsidio de poco más de seis millones de dólares que reclamaba, Zedillo autorizó el pago.
Aguilar y sus colegas del PRD sostienen que los diputados del PRI pretenden archivar el caso, tras declarar legal el pago autorizado por el entonces secretario de Programación y Presupuesto en 1989.
El dictamen de los diputados oficialistas se dará por órdenes de la Presidencia en un intento de parar la investigación sobre corrupción que hay detrás del caso, en el que estarían involucrados funcionarios de alto nivel, entre ellos el actual mandatario, declaró Aguilar.
La Presidencia rechazó las denuncias del diputado independiente, publicadas por varios medios de comunicación locales y extranjeros, y sostuvo, sin haber presentado hasta ahora en público documentos de descargo, que Zedillo actuó legalmente en el caso Maseca.
"La investigación del pago indebido a Maseca ha topado con la pared. El presidente no tiene todavía la obligación de explicarle a nadie las razones de sus actos como servidor público. La Presidencia continúa resguardada por un estatuto de inmunidad e impunidad hasta ahora inapelable", declaró Aguilar.
A finales de junio Zedillo dijo que los mexicanos ya están "hartos de la corrupción, de que funcionarios pensaran que llegar a tener responsabilidad pública les daba derecho a apropiarse de los recursos del pueblo".
Este vienes agregó que "el daño que al país causan el sensacionalismo y el amarillismo no inhibirá de modo alguno la decisión de la autoridad para que cuando exista una causa fundada se persigan presuntas violaciones a la ley". (FIN/IPS/dc/dg/ip/96
