El gobierno y la guerrilla zapatista de México concertaron hoy en el estado sureño de Chiapas mecanismos para agilizar sus negociaciones de paz, alejar el peligro de posibles rupturas e integrar una comisión de verificación y seguimiento de los compromisos que se firmen.
"Los nuevos acuerdos alcanzados son un paso positivo y van a garantizar que la negociación ya no quede al abrigo de incidentes externos y podamos garantizar a la sociedad mexicana que va a ver continuidad y que no habrá más sobresaltos", dijo el delegado del gobierno, Marco Antonio Bernal.
El diálogo entre los delegados oficiales y de la guerrilla se había suspendido en mayo, luego de la sentencia de prisión dictada por un juez contra dos supuestos miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Tras cuatro días de negociaciones en la localidad de San Andrés Larráinzar, Chiapas, el gobierno y el EZLN señalaron que es "imperativo sostener el diálogo mediante el ejercicio de hablar, ser escuchado y replicar, el cual fue elevado al rango de derecho y obligación".
Los delegados acordaron que la ruptura del diálogo, que según una ley reactivaría automáticamente las órdenes de detención emitidas en febrero de 1995 contra los líderes del EZLN, sólo pordrá ser calificada por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) del Congreso.
Antes de hacerlo, "la Cocopa agotará todos los esfuerzos para asegurar la continuidad del diálogo y la negociación, tomando en cuenta el punto de vista de las partes y de la instancia de mediación", señala un comunicado emitido al finalizar el encuentro.
Entre los acuerdos concertados en San Andrés Larráinzar se indica que las delegaciones se abstendrán de realizar actos o añadir calificativos que se aparten de la ley para el diálogo, se eliminan pasos para llegar a acuerdos y se incluye la figura de la "prenegociación".
Para dar seguimiento y verificar que se cumplan los compromisos, el EZLN y el gobierno resolvieron integrar una comisión de 16 personas, ocho por cada parte. De ellos, tres serán integrantes formales de la guerrilla y tres del sector oficial.
Antes de reiniciar las negociaciones en Larráinzar, la guerrilla había indicado que demandaría integrar formalmente al Congreso, el Poder Judicial y la sociedad civil al proceso de pacificación, para evitar nuevas interrupciones como las originadas por las sentencias contra los presuntos miembros del EZLN.
Sin embargo, en el acuerdo final del último encuentro, no se menciona ninguna de esas propuestas.
El reinicio del diálogo se había concertado luego de que fueron absueltos en segunda instancia los supuestos guerrilleros sentenciados y que la Cocopa se comprometió a gestionar con el gobierno nuevas reglas de procedimiento para los diálogos, que se realizan desde 1995.
Se indicó que en la nueva cita gobierno-EZLN, programada para realizarse martes y miércoles próximos, se retomarán las negociaciones sobre el tema democracia y justicia. (FIN/IPS/dc/dg/ip/96)
