Víctimas estadounidenses de violaciones a los derechos humanos en Guatemala elogiaron un reciente informe sobre actividades de la CIA en ese país por reconocer la "guerra sucia" librada por Washington, aunque lo calificaron de "inadecuado".
El informe de la Junta de Vigilancia de Inteligencia (IOB) no detalla adecuadamente los casos específicos que involucraron a ciudadanos estadounidenses y sus recomendaciones son demasiado débiles para prevenir futuros abusos, según las víctimas.
La IOB, que asesora a la Casa Blanca, concluyó que la CIA (Agencia Central de Inteligencia) contrató en los años 80 "activos" en Guatemala que "ordenaron, planearon o participaron en graves violaciones a los derechos humanos como asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, torturas y secuestros".
Además, la CIA violó las leyes federales al ocultar información sobre estos crímenes al Congreso hasta fines de 1994, agrega el informe.
El reporte publicado este fin de semana constituye "un importante paso hacia adelante", manifestó Jennifer Harbury, una abogada de Washington que ha luchado por la investigación de la muerte de su esposo, el guerrillero guatemalteco Efraín Bamaca, capturado durante un enfrentamiento con el ejército en marzo de 1992.
"Gracias a la IOB, al menos tenemos por escrito lo que el gobierno de Estados Unidos negó durante años: que libró una guerra sucia en Guatemala", manifestó Dianna Ortiz, una monja estadounidense que fue secuestrada y torturada por las fuerzas de seguridad guatemaltecas en noviembre de 1989.
Harbury, Ortiz y otros miembros de la Coalición Desaparecidos, un grupo de ciudadanos estadounidenses que fueron víctimas directas o indirectas de las violaciones a los derechos humanos en Guatemala, realizaron este lunes declaraciones a la prensa sobre el nuevo informe.
Aunque las víctimas elogiaron a la IOB por reconocer la relación de la CIA con conocidos violadores de los derechos humanos, criticaron a la junta por no realizar recomendaciones más efectivas para prevenir futuros abusos.
También afirmaron que las conclusiones sobre algunos casos de abusos son incorrectas y a veces se contradicen con las pruebas, como en el caso de Michael DeVine, un estadounidense asesinado por soldados guatemaltecos en junio de 1990.
Monica Schurtman, abogada de la viuda de DeVine, calificó de "absurda" la conclusión de la IOB y el Departamento de Justicia, según la cual DeVine fue asesinado por soldados de bajo rango que investigaban el robo de un rifle.
Los investigadores llegaron a esta conclusión sin investigar otros posibles motivos, tales como la relación de DeVine con una disputa local de tierras y sus protestas contra el narcotráfico en la región, señaló la abogada.
Así mismo, las víctimas exigieron una firme respuesta del gobierno a las recomendaciones de IOB, sin lo cual, advirtieron, las violaciones a los derechos humanos continuarán.
"Necesitamos ir más allá de las recomendaciones. Queremos que se aprueben nuevos estatutos, nuevas leyes", instó Harbury. (FIN/IPS/tra-en/pz/jl/ml/hd/96
