El secuestro de una aeronave cubana por un pasajero que pretendía conseguir asilo en Estados Unidos podría definir el destino de los acuerdos migratorios vigentes entre La Habana y Washington desde mayo de 1995.
"Si se cumplen los acuerdos, el secuestrador debe ser devuelto a las autoridades cubanas", afirmó Ricardo Alarcón, presidente del parlamento y representante del gobierno cubano en las conversaciones migratorias con Estados Unidos.
Fuentes oficiales aseguraron que de no tomarse medidas ejemplarizantes "Cuba consideraría que Estados Unidos está alentando la emigración ilegal".
Granma, órgano oficial del gobernante Partido Comunista, informó este martes que el 27 de junio una aeronave de la Empresa Nacional de Sericios Aéreos fue secuestrada y desviada hacia la Base Naval de Guantánamo, enclave militar estadounidense a 971 kilómetros de La Habana.
Según la nota oficial el avión del tipo AN-2, con matrícula CUT- 1183, se dedicaba al transporte de prensa y pasajeros de forma regular y en el momento del secuestro transportaba nueve personas, dos de ellas menores.
En plena travesía, uno de los pasajeros obligó a la tripulación a cambiar su rumbo inicial hacia el aeropuerto de Guantánamo mediante el empleo de armas de fuego, dijo Granma.
Mientras Cuba no proporcionó datos sobre el autor de la piratería aérea, una emisora de radio que transmite hacia la isla desde territorio estadounidense identificó al secuestrador como el teniente coronel José Fernández Pupo.
Mike McCurry, portavoz de la Casa Blanca, informó el lunes que su gobierno tiene tres opciones: repatriarlo a Cuba, procesarlo en Estados Unidos o concederle asilo político.
Sin embargo, el acuerdo migratorio entre ambos países prevé la repatriación de todos los emigrantes ilegales cubanos, incluidos los que intenten usar la Base Naval de Guantánamo como puente para el exilio.
Este es el primer caso de piratería aérea con fines migratorios que se registra desde mayo de 1994, cuando un piloto de Cubana de Aviación desvió hacia Miami un avión que cubría la ruta entre La Habana y Bahamas con 16 turistas.
Hasta la "crisis de los balseros" de agosto de 1994, los cubanos que protagonizaron secuestros de naves áereas o marítimas para emigrar a Estados Unidos eran recibidos en ese país como "grandes héroes".
El éxodo de más de 30.000 cubanos por vía marítima condujo al inicio de conversaciones bilaterales destinadas a poner fin a las salidas ilegales desde la isla y convertir la emigración en un proceso ordenado.
Realizadas con una sistematicidad aproximada de tres meses desde su primera edición en septiembre de 1994, las negociaciones, sin embargo, no se convocan desde diciembre del pasado año.
Aunque las autoridades de ambos países afirman que los acuerdos migratorios "marchan bien", observadores locales ven en la "crisis de las avionetas" la causa principal de que las partes no se reunieran en abril último como se esperaba.
El derribo de dos avionetas civiles por fuerzas aéreas cubanas, el 24 de febrero, puso fin a un proceso de distensión y condujo a la firma por Washington de la ley Helms-Burton, que pretende endurecer el bloqueo a la isla.
Observadores locales no descartaron la posibilidad de suspensión de los acuerdos migratorios entre los dos países pues, según la historia de las relaciones bilaterales, cada nuevo conflicto condujo siempre al fin de ese tipo de tratado.
El 9 de septiembre de 1994 Estados Unidos concedió a la isla la entrega de "al menos" 20.000 visas anuales para emigrantes definitivos a cambio del cierre de las costas cubanas a los emigrantes ilegales.
A menos de un año, el 2 de mayo de 1995, Estados Unidos se comprometió a repatriar a la isla a todos los emigrantes ilegales y Cuba aseguró que no tomaría represalias de ningún tipo por los intentos de salida ilegal del país.
Según el semanario Juventud Rebelde, órgano oficial de la Unión de Jóvenes Comunistas, hasta fines de junio 2.435 cubanos habían retornado al país, unos de forma voluntaria y otros deportados.
Fuentes especializadas en La Habana interpretaron el mantenimiento de los acuerdos migratorios como una muestra de que, hasta el momento, lo estipulado responde tanto a los intereses de La Habana como de Washington.
Mientras tanto en las calles de la isla se comenta sobre una posible apertura de las fronteras como respuesta a la entrada en vigor, en agosto, de la ley Helms-Burton.
Expertos consultados por IPS aseguraron que una medida de tal naturaleza no beneficiaría al gobierno en momentos en que se comienza a respirar un ambiente de estabilidad social.
Según esas fuentes, la apertura de las costas en agosto de 1994 fue una válvula de escape oficial para contrarrestar una difícil situación interna que condujo a los primeros disturbios antigubernamentales de la era de Fidel Castro, iniciada en 1959.
"Cualquier medida que se tome contra la Helms-Burton o contra la decisión estadounidense en el caso del secuestro aéreo, privaría a Cuba de por lo menos 20.000 visas legales cada año", dijo un experto del Centro de Estudios de los Estados Unidos.
Para emigrar a Estados Unidos los cubanos pueden optar por una visa o participar en los planes migratorios especiales que este año, por segunda vez, consistió en un sorteo de visas.
Cálculos especializados aseguran que cerca de dos millones de cubanos querrían vivir en otro país, pero sólo 435.725 decidieron optar por las 6.000 visas rifadas por el plan especial.
"Los rumores sólo pueden venir de los grupúsculos cubanos en Miami para complicar la vida a Clinton", dijo Alarcón a la televisión local.
La nota oficial sobre el secuestro aseguró que todos los pasajeros y tripulantes del avión secuestrado este fin de semana "expresaron inmediatamente su decisión de abandonar el enclave militar" y regresaron en la misma aeronave al territorio cubano.
Alarcón exigió que el autor de los hechos debe ser o llevado a juicio en Estados Unidos en cumplimiento de los acuerdos antisecuestros de las Naciones Unidas o bien devuelto a Cuba. (FIN/IPS/da/dg/ip-pr/96
