El Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil lideró hoy la ocupación por 2.400 familias de campesinos de dos predios ubicados en el sur del país.
En una nota divulgada durante la ocupación, el MST declaró actuar en favor de tierras para todas las familias privadas de ellas, aprobación de leyes que apuren la redistribución de tierras, mayores recursos para la reforma agraria y para la asistencia a campesinos asentados y castigo a los culpables de masacres en el campo.
La Hacienda Butiá, de 2.700 hectáreas y ubicada en el municipio de Camaquan, en el sureste del estado de Rio Grande do Sul, es totalmente improductiva y por tanto deberia ser destinada a la reforma agraria, argumentó César Alvarez, uno de los líderes locales del movimiento.
La otra hacienda ocupada, Taquarembó, en el centro del estado, sólo es productiva en 40 de sus 1.538 hectareas, agregó el dirigente. De esa forma, tampoco cumple la función social exigida por la Constitución brasileña para no estar sujeta a expropiación.
El MST, que mantiene unas 38.000 familias campesinas en sus campamentos distribuidos por todo el país, utiliza las ocupaciones sorpresivas de predios rurales y sedes gubernamentales para presionar en favor de la reforma agraria.
Según sus dirigentes, el gobierno del presidente Fernando Henrique Cardoso está incumpliendo su promesa de asentar a 60.000 familias este año y 280.000 a lo largo de sus cuatro años de mandato.
En Rio Grande do Sul unas 2.500 familias acampan en reclamo de tierras. El responsable local del Instituto Nacional de Reforma Agraria, Janio Silveira, indicó que el estado se propone asentar a mil familias este año, "el doble del año pasado".
Las invasiones constituyen un "delito" que no contribuye al proceso y las ocupaciobes dificultan una eventual expropiación de los predios para destinarlos a laa reforma agraria, afirmó Silveira.
Entre los ocupantes hay más de 2.000 mujeres (de las cuales un centenar embarazadas) y mil niños que vivían en campamentos cercanos.
El MST presiona también al Congreso para que apruebe una ley que permita mayor rapidez para efectuar expropiaciones de predios y reclama el castigo de los policías culpables de haber baleado a los sin tierra que manifestaban en una carretera en Eldorado de Carajás, al norte del país, el 17 de abril.
Por lo menos 19 campesinos murieron en ese ataque. (FIN/IPS/mo/dg/pr/96
