Elevados niveles de pobreza, creciente malestar social, desempleo y corrupción política desnudan las necesidades de la población de Bolivia que, de no ser atendidas a tiempo, podrían desatar tempestades sociales y políticas.
Ese cuadro lo describió el estudio "La seguridad humana en Bolivia", efectuado este año por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS) y el Programa de Gobernabilidad de la Vicepresidencia de Bolivia.
Por seguridad humana se entiende no tener hambre ni miedo, poder enfrentar la enfermedad, el delito y la violencia, tolerancia y buena calidad de vida de la población en el hogar, los lugares de trabajo, en el medio ambiente.
Pero sobre todo significa estabilidad en el empleo e ingresos dignos y suficientes.
Ese concepto, impulsado a nivel mundial por el PNUD en 1994, fue recogido por el informe boliviano, que además concibe la seguridad humana como parte de un desarrollo económico socialmente integrador y políticamente participativo.
Carlos Toranzo, investigador del ILDIS y principal autor del informe, dijo a IPS que la gente en Bolivia confía más en instituciones que están más cerca, como la familia, y, en cambio, desconfía del sistema político.
"Esto conduce a pensar en grandes reformas que permitan que la gente tenga una mejor apreciación respecto de su sistema político y habría que abonar elementos para resguardar las instituciones en las cuales la gente tiene confianza", afirmó.
Toranzo dijo que es particularmente sorprendente el sentimiento de fatalismo de los bolivianos.
"Aunque haya cosas buenas, la gente las mira siempre con una mirada llena de neblina. Sin embargo, hay una pista muy buena: quienes menos fatalismo tienen son aquellos con mayor educación y aquellos que están ubicados donde hay más desarrollo en el país", afirmó.
Basado en un enfoque metodológico utilizado a nivel internacional por el PNUD, el estudio identificó los problemas y conflictos de la seguridad humana en Bolivia mediante una encuesta a una muestra probabilística de 4.250 casos, en cuatro ciudades y un universo de tres millones de personas.
Uno de los rasgos que más resalta el informe es la disconformidad social creciente por la difícil situación económica de Bolivia en los últimos 10 años de severo ajuste estructural.
Esa disconformidad llevó a 79 por ciento de la población a manifestar que Bolivia está igual o peor que hace 10 años, y expresa un estado de irritación que podría ir en aumento si no se hace frente a las causas de la frustración.
Con relación al empleo, 89 por ciento expresa que está igual o peor que hace una década y señala que como en casi toda América Latina y en muchos países europeos el desempleo es uno de los fenómenos más conflictivos,
El informe interpreta que la idea de estabilidad, que Bolivia vive desde 1985, no está asociada sólo a la evolución del índice de precios o del tipo de cambio, sino que se evalúa mediante en referencia a la certidumbre o incertidumbre económicas.
La promesa de crear 500.000 empleos fue uno de las principales ofertas electorales que en 1993 llevaron al gobierno al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Pero a un año de la finalización de su mandato, empresarios y trabajadores coinciden en que no hizo lo suficiente para generarlos.
Uno de los fenómenos que más agrede a la población boliviana, según el informe "La seguridad humana en Bolivia", es la corrupción. El 73 por ciento de la población manifestó que este problema, que podría tornarse inmanejable si no se toman medidas, es peor que hace 10 años.
El 92 por ciento percibe que quienes se benefician con las reformas que ejecuta el gobierno de Sánchez de Lozada son los sectores de mayores recursos económicos y los políticos, y no siente que actúe en favor de las mayorías.
En lo político, se advierte un preocupante desgaste o falta de legitimidad de los partidos políticos, el Congreso, la Presidencia y el Poder Judicial. (FIN/IPS/jcr/ag/pr/96
