Cuando el director del Fondo Monetario Internacional, Michel Camdessus, llegó a Venezuela este sábado para apadrinar un neoliberal programa de ajustes, le acogieron frotándose las manos tres viejos adversarios del recetario del FMI: un socialista, un socialdemócrata y un socialcristiano.
Camdessus realiza una gira sudamericana -ya estuvo en Bolivia y Perú- para revisar y sellar acuerdos de saneamiento y apertura de las economías nacionales, una tendencia dominante y paralela a la búsqueda de integración regional, sobre la base de ajustes que restringen el consumo y ponen en negro las cuentas externas.
En Venezuela, interlocutores del recién reelecto conductor del FMI son el socialdemócrata Luis Matos, ministro de Hacienda, el socialista Teodoro Petkoff, ministro de Planificación, y el socialcristiano presidente Rafael Caldera.
Caldera por largos años criticó la "insensibilidad social" del Fondo, dejó a su antiguo partido Copei acusándolo de abrazar tesis neoliberales, y llegó a decir en junio de 1995 ante 15.000 seguidores que "no nos arrodillaremos ante el FMI",.
Durante los dos primeros años del gobierno que inició en febrero de 1994, Caldera basó su política económica en controles de precios, de cambios y de la gestión bancaria, los que unidos a la crisis que hundió 60 por ciento de la banca privada en 1994 significaron un desbarajuste de la economía.
Matos, quien apoyó a Caldera como candidato suprapartidista en 1993 y fue expulsado del partido socialdemócrata Acción Democrática, fue un adalid del "gradualismo" hasta fines de 1995, cuando la urgencia de un acuerdo con el Fondo impuso que la terapia económica en Venezuela fuese de "shock".
Petkoff, guerrillero en los años 60 e ideólogo del Movimiento al Socialismo que fundó hace 25 años, había criticado sobre todo la incoherencia económica en los primeros dos años de la administración Caldera, y en abril se estrenó como ministro para explicar a sus compatriotas la necesidad de un ajuste.
Matos, Petkoff y el presidente del Banco Central, Antonio Casas, firmarán frente a Caldera y Camdessus el lunes un documento que compromete a Caracas con políticas y medidas de corte neoliberal, suerte de "presentación en sociedad" de la "Agenda Venezuela".
A cambio, el FMI acordará a Venezuela en tres años unos 2.900 millones de dólares de dinero fresco para apuntalar sus finanzas, de los cuales 1.400 millones el primer año, con supervisión trimestral del Fondo sobre las metas de la Agenda.
Más que el dinero, y la verdadera razón por la que frotan sus manos los interlocutores venezolanos del FMI, el pacto con el Fondo implica su aval frente a otros organismos multilaterales de crédito y de cara a inversionistas privados.
Venezuela impulsa inversiones en petróleo y derivados, en minería y en áreas de bienes y servicios no transables, como turismo, telecomunicaciones y construcción, y quiere afluencia de compradores para la privatización de activos en aluminio, acero, telefonía, electricidad, turismo y transporte.
La Agenda, cuyos draconianos ajustes sobre la capacidad de consumo de los venezolanos -cuatro de cada cinco son pobres- comenzaron a instrumentarse en abril, tiene como objetivo abatir la inflación, a partir de un equilibrio fiscal basado sobre todo en mayores ingresos.
Para lograrlos, el gobierno sextuplicó el precio de los combustibles -un negocio monopolio del Estado-, hizo la segunda devaluación lineal de 70 por ciento en cuatro meses, liberó la tasa de cambio, los precios, las tarifas y las tasas de interés.
También se pidió al parlamento que eleve de 12,4 a 16,5 por ciento el impuesto a las ventas, se inició un subsidio parcial del transporte urbano de pasajeros, y se llevaron de 12 a 14 los "programas sociales compensatorios", que entregan alimentos o medicinas a tres millones de familias pobres.
La base de atención con esos programas sociales son los niños en las escuelas públicas, a cuyas familias se auxilia, pero el centro de estudios sociales Gumilla, de sacerdotes jesuítas, advirtió que 450.000 familias muy pobres están fuera del circuito escolar y de los programas compensatorios.
El debut de la Agenda aceleró la inflación, que en Venezuela fue de 70 por ciento en 1994, de 57 por ciento en 1995 y llegaría a 95 por ciento según el gobierno en 1996.
Antes de abril, la inflación intermensual de 1996 fue de ocho por ciento, previéndose que en mayo y junio bordeará 12 por ciento y, según Petkoff, descenderá desde julio con la meta de que en diciembre sea de dos por ciento.
Esa inflación, la más alta de América Latina, se combina con recesión del conjunto de la economía desde 1993, pese a que la locomotora petrolera avanza entre cinco y siete por ciento cada año, y con un crecimiento del desempleo de 7,8 por ciento en 1993 a 11 por ciento en 1995 (20 por ciento según sindicatos).
En la economía informal trabaja uno de cada dos venezolanos y su salario real desciende casi sin cesar desde 1978, con aumento de la pobreza y reducción de la clase media que en los años 70 representó casi un tercio del país.
Una "guerra de cifras" acerca del tamaño de la pobreza se ha desatado en Venezuela, admitiéndose como promedio que un 80 por ciento son pobres por ingresos insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas, y de ellos aproximadamente la mitad no puede comprar siquiera la canasta alimentaria básica.
Más aún, según sociólogos junto a la pobreza relativa y la crítica ha nacido una nueva categoría, que encuadra a centenares de miles de familias, la "pobreza atroz" o gente que no puede adquirir siquiera 40 por ciento de la canasta alimentaria. (FIN/IPS/hm/dg/if/96)
