Si bien ha logrado capear muchas tormentas políticas, los observadores se preguntan de qué manera Benazir Bhutto, primera ministra de Pakistán, podrá salir de esta última.
Revelaciones sobre apropiación indebida de fondos públicos en provecho propio, complementadas con violentas protestas populares contra su presupuesto de austeridad, han hecho tambalear la posición de Bhutto por primera vez desde que asumió el gobierno hace tres años.
Un dictamen de la Suprema Corte, que fué emitido esta semana y revivió organismos locales de Punjab despues de un trienio, fué como un disparo en un brazo para la oposición, que esperaba recobrar el control de las agrupaciones de base en la provincia.
Miembros de la Liga Musulmana, el principal partido opositor en Pakistán, comandado por el ex presidente Nawaz Sharif, chocaron con la policía de Punjab el miércoles cuando trataron de abrirse camino hacia las oficinas del municipio local.
El hecho que Bhutto realmente está en apuros es evidente debido a la rara unidad desplegada por la oposición durante las protestas contra el presupuesto, que puso a un lado sus profundas diferencias ideológicas.
La muerte de cuatro activistas, supuestamente por disparos policiales contra una manifestación antipresupuesto a comienzos de la semana, hará las cosas muy difíciles para Bhutto, opinaron observadores políticos.
"El gobierno, que parecía hasta ahora casi invencible, ha comenzado a mostrarse vulnerable desde la violencia callejera del lunes", comentó Mohammad Malick, un notorio analista político basado en Islamabad.
La Corte Suprema de Lahore ordenó el miércoles a la policía de registrar la denuncia del derechista Jamaat-i-Islami (JI), el cual acusó a Bhutto de la muerte de sus activistas durante las protestas.
Esta es la primera vez en dos décadas que tanta gente ha resultado muerta a raíz de la violencia política, desde la campaña contra el entonces primer ministro Zulfikar Alí Bhutto, padre de la actual gobernante. Esa agitación condujo a la imposición del período más largo de ley marcial en la historia del país.
"Incluso en pleno movimiento por la restauración de la democracia contra la ley marcial del presidente Zia, el saldo de víctimas nunca fué tan alto", apuntó un analista político.
Durante una reunión de emergencia del gabinete esta semana, Bhutto ordenó una investigación judicial sobre el incidente y afirmó que el gobierno castigará severamente a los culpables.
Paquistaníes ricos y pobres están furiosos con las medidas fiscales propuestas que, según las previsiones, agudizarán la inflación en el país, dificultarán la tarea de empresarios y favorecerán los gastos de defensa sobre aquellos de desarrollo.
El JI ya está propagando la campaña contra el presupuesto y la corrupción en altos niveles. Además, ha logrado el total apoyo de agrupaciones que anteriormente rehusaron una alianza política.
El líder opositor Sharif respalda ahora la denuncia del JI que la policía abrió fuego contra los manifestantes, a pesar que el jefe de esa agrupación, Qazi Hussain Ahmed, aseguró que sería una protesta pacífica.
Incluso el principal líder de la izquierda, Mahmood Khan Achakzai, un severo critico del derechista JI, ahora apoya abiertamente las acusaciones partidarias de malversación y corrupción contra el gobierno de Bhutto.
Observadores políticos dijeron que el JI, con su habilidad en las luchas callejeras, puede hacerle la vida difícil al gobierno, sobre todo cuando cuenta con el total apoyo de los principales partidos opositores. Su jefe, Hussain Ahmed, declaró que el partido intensificará su campaña y superará aquella que lanzó contra el gobierno en octubre último.
La campaña fué entonces dirigida contra un gobierno corrupto, un cargo que los paquistaníes están ahora más dispuestos a creer. La acusación opositora está fundada en la creciente evidencia que Bhutto y su marido adquirieron secretamente una mansión en Gran Bretaña.
Informes en los medios británicos que Bhutto y su marido son los propietarios de una lujosa residencia en Surrey brindaron munición de grueso calibre a la oposición.
Sorprendido con la guardia baja, el gobierno negó posteriormente los cargos. Bhutto declaró que iba a querellar judicialmente al diario que dió la noticia pero hasta ahora no lo hizo.
A comienzos de esta semana los partidos opositores solicitaron al parlamento que expulsara a la primera ministra y su marido, que es legislador de la cámara baja. El ex líder partidario, Iftikhar Gillani, quien ahora se unió al partido de Sharif, presentó una petición de 20 páginas al titular de la asamblea naciónal, pidiéndole que entregara al comisario electoral.
Durante la sesión de la cámara, los miembros de la oposicion agitaron copias de los informes de prensa en los diarios británicos, que citaron evidencias documentadas que el equipaje personal de Bhutto fué transportado gratuitamente por el gobierno paquistaní hasta las oficinas del alto comisionado en Londres, para ser entregado luego en la mansión de Surrey. (FIN/IPS/tra- en/bs/mu/ego/ip).
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