Activistas de derechos humanos condenaron la inesperada excarcelación por parte de funcionarios de inmigración estadounidenses de Emmanuel "Toto" Constant, jefe del grupo paramilitar FRAPH, al cual se considera responsable del asesinato de miles de haitianos.
Constant, un informante de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos, fué liberado con gran disimulo la semana pasada por el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS). El extremista estuvo recluído en una instalación del INS desde 1994 por entrar ilegalmente al país y tenía pendiente la deportación.
La Coalición Nacional por Derechos Haitianos (NCHR), con base en Estados Unidos, deploró la excarcelación de Constant y urgió al gobierno de Washington a deportar al jefe de los paramilitares a Haití para ser procesado.
"Cualquier otra decisión convertirá a Estados Unidos en cómplice del peor de los torturadores", afirmó la NCHR en una declaración. "La liberación de Constant fué un insulto inexcusable a la dignidad y el honor del pueblo haitiano".
"Con la libertad del líder del FRAPH, Estados Unidos ha privado a Haití de la posibilidad de juzgar al hombre que se distinguió por comandar un grupo de criminales despiadados que torturó y masacró a ciudadanos inocentes bajo la mirada de una fuerza internacional de paz", apuntó la declaración de la NCHR.
Pierre Lesperance, vocero de la entidad, añadió que "desde un principio cuestionamos la buena fé de Estados Unidos cuando se hizo cargo del caso de 'Toto' Constant".
"Tuvimos siempre la impresión que Constant estuvo siendo protegido por el gobierno americano. Su liberación constituye un estímulo para otros acusados de violar derechos humanos, porque seguirán con sus actividades y se sentirán protegidos e inmunes", observó con amargura.
Al confirmar la liberación de Constant, el embajador estadounidense William Lacy Swing explicó que la legislación estadounidense fijaba un límite de tiempo a la detención de personas con procesos de deportación en marcha. "El tribunal americano solo aplicó la ley", dijo.
No obstante, Constant permanecería bajo la vigilancia del Departamento de Inmigración y todavía podría ser deportado, dijo Swing. Su excarcelación estuvo sujeta a ciertas condiciones y, al respecto, pueden surgir novedades.
La Plataforma de Organizaciones de Derechos Humanos (POHDH), una coalición de 10 grupos humanitarios, aseguró que la liberación de Constant fué "un ultraje". Un comunicado de la Coalición calificó "inaceptables" las justificaciones legales invocadas por Swing.
"¿Porqué la justicia americana nunca fué tan condescendiente cuando se trató de proteger a refugiados haitianos o cualquier otro tipo de inmigrantes ilegales?", demandó POHDH.
El grupo apeló al gobierno haitiano para que "rompa con su práctica de sometimiento a Estados Unidos en cuestiones de justicia y derechos humanos".
Hugo Triest, sacerdote y miembro del Comité de Coordinación de la Plataforma Haitiana, calificó la decisión judicial de "hipócrita…, un insulto a las víctimas del golpe".
"La excarcelación del líder del FRAPH es otra iniciativa destinada a poner en marcha el plan de Estados Unidos respecto a Haití. El plan consiste en evitar que los pobres reaccionen para liberarse de la opresión y vivir con dignidad", observó Triest.
Joseph Jasmin, titular de la comisión de seguridad en la Cámara de Diputados de Haití, dijo que la libertad de Constant "hace pensar sobre la percepción de derechos humanos y democracia que tienen los americanos".
Añadió que "en lo que a mí respecta, todo esto es parte de la mentira y deshonestidad a nivel mundial. Es un acto más de la gran farsa montada para burlar la lucha del pueblo haitiano en favor de la justicia".
El presidente haitiano René Preval ha evitado formular comentarios sobre la iniciativa estadounidense, si bien a comienzos de año indicó que la posición de su gobierno sobre el caso seguía inmutable. Preval reafirmó su intención de lograr la extradición del jefe de los paramilitares.
En un comunicado difundido el martes, el Ministerio de Exteriores de Haití mencionó someramente las gestiones oficiales anteriores y pidió al gobierno estadounidense toda la documentacion, grabaciones y videos incautada del cuartel general de los paramilitares cuando el ejército norteamericano intervino hace dos años.
Kleber Vielot, jefe de gabinete del Ministerio de Exteriores, dijo a IPS que su gobierno está estudiando la situación y hará conocer su posición en el momento oportuno. (FIN/IPS/tra- en/imc/ms/mk/ego/ip).
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