El drama de cientos de miles de kurdos desalojados de sus hogares en el sur de Turquía se puso en el centro del debate de la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Hábitat II) que se celebra en esta ciudad, lo que saca de las casillas al país anfitrión.
Las organizaciones no gubernamentales se preguntan cómo un país donde cientos de miles de personas son desalojadas por la fuerza de los pueblos donde vivieron durante siglos puede ser la sede de una reunión dedicada a solucionar el problema de la vivienda en el mundo.
Las evacuaciones de la minoría kurda en Turquía pusieron sobre la mesa de conversaciones informales de Hábitat II la cuestión de los derechos humanos, especialmente después de que 50 mujeres de esa nación expusieron sus tragedias personales.
Medio millar de organizaciones no gubernamentales (ONG) presentes en Estambul quieren que se reconozca el acceso a la vivienda como un derecho humano básico cuando, al finalizar, la conferencia emita un plan de acción.
Representantes de ONG de Asia, Africa y América Latina gestionan una reunión con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Boutros Boutros-Ghali, para presentarle una petición en tal sentido.
Medio millón de firmas de todo el mundo recogidas en los pasados seis meses, entre ellas las de 2.500 niños de la calle de India, adhieren al reclamo.
"Nosotros, los abajo firmantes, individuos y representantes de numerosas organizaciones de la sociedad civil global, reclamamos que se reafirme y fortalezca el derecho humano a una vivienda adecuada en los documentos que adopte la conferencia", manifiesta la petición.
Este reconocimiento "es un prerrequisito fundamental para que millones de personas puedan vivir en asentamientos humanos sostenibles en todo el mundo", agrega.
"Nuestra prioridad es que el documento que surja de Hábitat II se convierta en un pronunciamiento en favor de los derechos humanos", dijo a IPS Shulamith Koenig, directora ejecutiva de Década por la Educación para los Derechos Humanos del Pueblo (PDHRE).
Esa fue la única razón por la que el grupo no aceptó las exhortaciones de diversas ONG de todo el mundo de boicotear Hábitat II en rechazo a las violaciones a los derechos humanos en Turquía, el país anfitrión.
"No queríamos venir a Estambul. Estamos aquí para asegurar que el documento final refleje preocupación por los derechos humanos, lo cual será bueno para los propios kurdos", explicó Koenig.
Las mujeres kurdas que explicaron cómo sufren el programa de emigración forzada en el disputado territorio del sudeste de Turquía, ataviadas con vestidos tradicionales y con sus niños a cuestas, fueron una muestra de la gravedad del problema.
Las cincuenta kurdas asistieron invitadas a un foro especial patrocinado por la bancada "verde" (de partidos ambientalistas) del Parlamento Europeo.
Wilfred Telkaemper, portavoz del grupo político, sostuvo que "la emigración ocasionada por la centralización de la agricultura, las restricciones a la democracia, las guerras y los conflictos internos es un punto básico de la urbanización" que, sin embargo, no consta en la agenda de Hábitat II.
Lo que dijeron las mujeres kurdas fue una demostración viva de la declaración de Telkaemper.
"Venimos de pueblos incendiados. Nuestros sueños, nuestros días y noches quedaron allí, en nuestros pueblos. Pero se nos obligó a venir aquí y tenemos que vivir aquí. Queremos volver porque aquí no podemos alimentar a nuestros hijos", dijo una mujer nativa de la ciudad de Mardin.
Según la Asociación de Derechos Humanos de Turquía, por lo menos 2.654 pueblos y villas del sudeste del país fueron evacuados por la fuerza con la intención de destruir el apoyo local a la guerrilla kurda. Los pueblos son incendiados por las fuerzas de seguridad durante los operativos.
El gobierno de Turquía y el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), que procura la autodeterminación para 15 millones de kurdos, están enfrascados desde 1984 en una guerra brutal que cobró, al menos, 20.000 vidas.
"Yo también soy de Mardin. En 1992 quemaron mi pueblo, nuestro ganado. Teníamos nuestra vida allí, pero nos dejaron sin nada. Una noche nos ordenaron salir de nuestras casas y esperar afuera. Estaba nevando", dijo otra mujer.
La madre de un guerrillero arrestado afirmó que los militares le pidieron que lo identificara entre montañas de cadáveres. "Fue casi imposible. Les habían cortado las orejas y la nariz y arrancado los ojos. Algunos fueron decapitados", dijo.
"Mi hijo estaba vivo. Lo liberaron pero murió poco después por las consecuencias de la tortura", agregó.
"Le pregunto a quienes participan en Hábitat II por qué no estamos en nuestros pueblos y por qué se nos obligó a vivir en Estambul", manifestó otra mujer.
"Todo lo que escuchamos aquí lo hemos dicho en el parlamento. Pero se nos expulsó de nuestros escaños, cancelaron nuestros mandatos, levantaron nuestras inmunidades y nos condenaron a prisión", dijo Sirri Barri, ex diputado del pro-kurdo Partido por la Democracia (DEP).
Una corte constitucional proscribió el DEP en 1994 por acusaciones de "separatismo". Seis diputados se exiliaron en Bélgica, mientras otros siete fueron condenados a cárcel en Ankara. Cuatro de ellos permanecen en prisión.
Las ONG que participan en el tradicional foro paralelo a las conferencias de la ONU en esta ocasión pretenden que Hábitat II reconozca el carácter de derecho humano del acceso a vivienda adecuada y de la libertad para los desplazados forzados.
Estados Unidos procura que la declaración final de la reunión evite referirse al punto, y sugirió que se establezca, en lugar del "derecho a viviendas adecuadas", la "progresiva concreción del derecho a viviendas adecuadas". (FIN/IPS/tra-en/mu- nm/rj/mj/hd ip pr/96)
