Colombia abogó hoy en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Hábitat-II) por "la construcción de una nueva ciudadanía", con la que vuelvan a adquirir protagonismo lo público y comunitario de cada urbe.
"La caída en la indiferencia y el abandono cívico han reducido el espacio público a los intereses y ambiciones individuales", expuso en la Cumbre de las Ciudades que realizan 180 gobiernos el viceministro colombiano de Vivienda y Desarrollo Urbano, Fabio Giraldo.
"?Qué hacemos con nuestras ciudades, cómo tratamos a la mayor parte de la población compuesta por asalariados y mutilados del alma?", se preguntó el funcionario al defender "el derecho a la ciudad, que es riqueza y producción, pero tambien ética del conflicto regulada por un pacto social".
El otro eje del discurso de Giraldo en Estambul fue defender la experiencia colombiana en el manejo del suelo urbano "donde más fuertemente se requiere de la intervención pública, donde se concentran las mayores potencialidades y se esconden las peores inequidades".
"Colombia posee una ley de tierras supremamente novedosa para el mundo en desarrollo", dijo a los conferencistas, y luego indicó a IPS que "con ese texto procuramos dar el uso más productivo posible a un bien de naturaleza inelástica, y es el medio adecuado para que intervenga el sector público".
Alejandro Florian, de la Federación de Organizaciones Populares de Vivienda de Colombia, comentó a IPS que "desde el punto de vista conceptual estamos muy avanzados, pero la puesta en práctica es otra cosa".
"Se requiere voluntad política de los alcaldes, y éstos están muy atrasados. Apenas algunos están aprendiendo que es posible hacer política moderna", opinó Florian.
Para el especialista de la prinicpal organización no gubernamental de vivienda en Colombia "ni el gobierno central ni los alcaldes intervienen con los instrumentos de gestión urbana que están a su alcance".
Como ejemplo dijo que el Estado central colombiano destina 0,06 puntos del producto interno bruto a la construcción de viviendas y en cambio 33 por ciento de su presupuesto va a gastos de defensa.
"Es verdad que en Colombia 'destechados' viviendo en la calle hay muy pocos, pero el déficit habitacional, si se incluye la vivienda 'pirata' o con no más de un servicio básico, es de 2,2 millones de unidades", en un país de 32 millones de habitantes, recordó Florian.
Insistió en que el esfuerzo del Estado no se compagina con el de los ciudadanos, pues las organizaciones sociales de vivienda (excluidos los constructores individuales y el sector privado) invierten en constrrucción una vez y media lo que el sector público en la edificación de viviendas.
En cambio, Florian respaldó la tesis de Giraldo en el sentido de que la ciudad debe pensarse y organizarse como espacio para el ejercicio de la soberanía.
"Lo que planteamos es que si ya la ciudad está hecha y, como en el caso de Bogotá, más de la mitad es ilegal, entonce lo que hay que hacer es dirigir la inversión del Estado hacia lo público, a mejorar los espacios y servicios de la puerta de la casa para afuera", concluyó Florian. (FIN/IPS/hm/jc/pr-dv/96)
