La economía brasileña carga con el peso del déficit fiscal, altas tasas de interés y retraso cambiario, y según el punto de vista del gobierno, esas variables se entrelazan en un sólido y dramático círculo vicioso que sólo la política puede romper.
Una posibilidad bastante remota si se coincide con el sociólogo francés Alain Touraine, para quien "el mundo entero está dominado por la internacionalización de la economía, en detrimento de la política".
El presidente Fernando Henrique Cardoso ha advertido que, sin reformas urgentes del Estado y de la constitución, será imposible mantener la inflación bajo control y desaparecerán las perspectivas de crecimiento y de mejoría social.
Las reformas propuestas apuntan, fundamentalmente, a equilibrar las finanzas públicas, que presentan un déficit equivalente a siete por ciento del producto interno bruto (PIB).
Para el gobierno, la carga tributaria sobre la sociedad, que pasó de 22,4 a 30,1 por ciento del PIB corriente en los últimos diez años, no puede aumentarse.
Por lo tanto, Cardoso considera necesario reducir el gasto, mediante el redimensionamiento del Estado y el combate contra el fraude y la corrupción, por una parte, y por la otra, a través de la reforma del sistema de prevision social, que actualmente paga en beneficios más de lo que recauda.
Además, el gobierno pretende realizar una reforma tributaria, basada en excenciones y rebajas impositivas, para atraer inversiones, facilitar la reconversion industrial y reducir los costos de produccion.
Todos esos proyectos deben pasar por el Congreso Nacional que, precisamente, representa el tendón de Aquiles del gobierno. La modificación de la constitución exige el consentimiento de tres quintos del total de parlamentarios, una mayoría cualificada difícil de alcanzar.
La base legislativa del oficialismo esta constituída por una tan compleja como frágil red de alianzas partidarias, sectoriales y regionales, que puede llegar a unir el voto de los grupos más dispares, desde los socialdemócratas hasta los ultraconservadores, pasando por los liberales y los terratenientes.
Pero todo depende del asunto que se trate y de los beneficios en juego.
"No se puede perder de vista que Brasil es un país sin partidos políticos. El Parlamento es un conjunto de notables que defienden intereses locales. La capacidad de acción del gobierno central siempre fue limitada, a causa del poder de los gobernadores y los alcaldes", sostiene Touraine
Un buen ejemplo de esta correlación de fuerzas desfavorable para el Ejecutivo es lo ocurrido este año con el intento de reforma del sistema previsional.
Algunos legisladores oficialistas votaron en contra en dos de las tres oportunidades en las que el gobierno logró someter su proyecto a consideración de la Cámara de Diputados, y en la tercera, las enmiendas agregadas prácticamente desvirtuaron el plan original.
En más de una oportunidad, directa o indirectamente, Cardoso ha señalado al Congreso como el principal obstáculo para el avance y la modernización del país.
Según Cardoso, "no es la perversidad intrínseca de los economistas lo que mantiene altas las tasas de interés", que en algunos casos llegan a 15 por ciento por mes, mientras la inflación mensual es inferior a uno por ciento.
"Las cosas están así por la perversidad de una situación política que creo (producto) de una especie de irresponsabilidad colectiva", expresó el presidente a fines de mayo ante un auditorio de empresarios, durante una visita a Francia.
Antonio Kandir, entonces diputado y actualmente ministro de Planeamiento, prefirió hablar de "responsabilidad compartida" en el estancamiento de los proyectos del gobierno.
"Hay una distribución de responsabilidades. El Congreso no toma ninguna iniciativa, el gobierno no hace un trabajo político en el Congreso para asegurar las votaciones, y la sociedad no presiona a sus representantes", señaló Kandir.
Algunos diputados, como Miro Teixeira, del Partido Democrático de los Trabajadores (PDT), sostienen que el gobierno pretende hacer del Congreso "un ente sumiso, que se conforme con un papel secundario".
Otros políticos y analistas, en cambio, consideran que el gobierno debe abandonar el tortuoso camino de las reformas constitucionales y que, tras las elecciones municipales y estaduales de octubre, proceda a reestructurar el gabinete y su equipo de cuadros para iniciar una segunda etapa de su gestión, basada en acciones menos ambiciosas pero más concretas. (FIN/IPS/jg/ff/ip/96)
