El sistema de salud atraviesa en Argentina una grave crisis, y la anunciada inyección crediticia del Banco Mundial, lejos de aliviar al enfermo, amenaza con agudizar la lucha de intereses que se esconde tras un presupuesto de 22.000 millones de dolares.
El gasto anual en salud representa en Argentina siete por ciento del producto interno bruto, una proporción considerada razonable aún por los más críticos entre los expertos en la materia. Sin embargo, la percepción de los destinatarios es la de un sistema al borde del colapso.
Los familiares de los pacientes devienen auténticos empleados del hospital: atienden a los enfermos, compran con su dinero los medicamentos, gasas y otros elementos, y pagan aranceles extraordinarios por prestaciones que deberían ser gratuitas.
Más que nunca, los enfermos merecen llamarse "pacientes", por las esperas a que se los somete, aún a riesgo de morir antes de recibir el tratamiento, para estudios de alta complejidad o intervenciones muy costosas.
Aldo Neri, ex ministro de salud y ex asesor de la Organización Panamericana de la Salud, advirtió en diálogo con IPS que la situación es "muy crítica", debido a la corrupción, al costo de un extendida burocracia y a las prestaciones superfluas en medicamentos y servicios.
Unos 17 millones de usuarios -más de la mitad de la población- reciben atención médica a través de las llamadas obras sociales, creadas hace décadas por los sindicatos para dar servicios de salud a sus afiliados a cambio del pago mensual de un porcentaje del salario.
También se cuentan 12 millones de personas que se atienden en hospitales públicos por falta de empleo -o de empleo formal-, o por las crecientes exigencias de "pagos extra" por parte de los profesionales de las obras sociales, que cobran al paciente lo que no perciben del sindicato.
Más de cuatro millones de personas de tercera edad son asistidas por el PAMI, el seguro de salud previsto para los pensionados, que pagan un porcentaje de sus haberes, y por ultimo, los servicios privados tienen unos dos millones de clientes.
Los dirigentes sindicales comenzaron a discutir este mes la forma en que se canalizará un crédito de 375 millones de dólares que el Banco Mundial concederá para pagar las deudas de las obras sociales a cambio de la desregulación del sistema.
Actualmente existen unas 300 obras sociales, que recaudan 2.500 millones de dólares al ano. Algunas tienen sus cuentas en equilibrio y prestan servicios de calidad, pero otras están en rojo y hacen recaer los costos sobre los afiliados.
El presidente Carlos Menem eliminó por decreto en 1993 la afiliación obligatoria a las obras sociales por rama de actividad. Pero los sindicatos resisten hasta hoy la aplicación del decreto, que faculta a los trabajadores a elegir su obra social.
"Para la cúpula sindical, las obras sociales son un instrumento de poder que no quieren resignar", explicó Neri.
Según el enfoque del Ministerio de Economía, la posibilidad de abrir la competencia en un mercado hasta ahora cautivo daría un fuerte impulso al sector privado, al tiempo que restaría a los sindicatos una caja estimada en 2.500 millones de dolares.
El problema, segun Neri, es que el proyecto del Banco Mundial promueve la mayor polarización de las prestaciones, ya que con la desregulación de las obras sociales solo se beneficiarán con mejores servicios aquellos que puedan pagar un aporte mayor. Es decir, los trabajadores más calificados.
El subsecretario de Economía Laboral del Ministerio de Economía, Osvaldo Giordano, lo admitió de manera taxativa. "No podemos dar igual servicio a una persona que aporta 40 dólares al mes que a otra que aporta 15", dijo.
El afiliado a una obra social abona 60 dólares mensuales en promedio. Si se considera que el servicio contempla a su familia, con otros tres miembros, el aporte de cada uno es de 15 dólares por mes. Pero los médicos exigen pagos adicionales en las visitas.
"El ajuste en el sistema de salud pasa hoy por el usuario, que es el que paga la crisis", explicó Neri. A su juicio, sólo un sistema que contemple la convergencia racional de las prestaciones privadas, públicas y sindicales podría garantizar la satisfacción de la demanda en un área tan sensible como la salud. (FIN/IPS/mv/ff/la he/96).
