La ley Helms-Burton que amplía las sanciones de Estados Unidos contra Cuba a terceros países que tengan negocios con la isla, se transformó en el primer punto discrepante de la XXVI asamblea general de la OEA que se realiza en Panamá.
Aunque el caso no figura en la agenda de la reunión, las duras advertencias hechas por la delegación de Estados Unidos, Canadá y Colombia a favor y en contra de la ley auguran un encendido debate durante los cinco días de sesiones de la OEA (Organización de Estados Americanos).
Thomas McClarty, asesor del presidente de Estados Unidos Bill Clinton, dijo que a pesar de las críticas de algunos aliados, Washington "no dará marcha atrás" y reforzará las sanciones contra Cuba "porque ese es un esfuerzo para conseguir la democracia en esa isla".
"Seguiremos adelante con la ley y es nuestra decisión incrementar las sanciones sobre la isla, minimizando los perjuicios para nuestros aliados", subrayó McClarty.
McClarty y la embajadora de Estados Unidos ante la OEA, Harriet Babbitt, justificaron la aplicación de las sanciones contra Cuba en que ese "fue un clamor" de toda la región luego del derribo de dos aviones tripulados por opositores al régimen cubano, en febrero de este año.
El embajador de Canadá ante la OEA, Brian Dickson, anunció que su gobierno presentará un proyecto de declaración para que la asamblea general se pronuncie en contra de la ley Helms-Burton durante la actual asamblea general.
México y Canadá, aliados comerciales de Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), se oponen a las sanciones económicas y diplomáticas contra los particulares que tengan negocios con la isla prevista en la controvertida ley Hemls-Burton.
El canciller colombiano Rodrigo Pardo también criticó la ampliación de las sanciones estadounidenses contra Cuba, por estimar que "atentan contra la convivencia pacífica".
Pardo calificó esas sanciones y la actual diplomacia de Washington hacia la región como "una política equivocada y peligrosa que hay que responder en organismos multilaterales como la OEA y otros foros".
"Estamos en total desacuerdo con la ley Helms-Burton porque no hemos sido partidarios del bloqueo a Cuba y porque nos parece que este es un instrumento que afecta a la población cubana y busca afectar el proceso interno de un país", señaló.
El canciller interino de Panamá Ricardo Arias opinó a su vez que la ley Helms-Burton "es violatoria del derecho internacional", pero advirtió que su país no promoverá acción alguna contra la misma por tratarse de un asunto bilateral entre Washington y La Habana.
"Habrá que esperar la reacción de los cancilleres a este tema" para abrir un debate en alguna de las plenarias de la asamblea general, indicó por su lado el secretario general de la OEA, César Gaviria.
Pero las tribulaciones de la delegación estadounidense que asiste a la cita de la OEA no terminaron allí.
Este lunes, mientras se inauguraba la XXVI asamblea de la OEA, un grupo de damnificados panameños de la invasión del 20 de diciembre de 1989, que derrocó al general Manuel Noriega, pidieron una indemnización de Estados Unidos por los daños sufridos durante esa acción armada.
El sacerdote Conrado Sanjur, portavoz de los manifestantes, indicó que los damnificados exigen un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA al respecto.
Durante la invasión murieron alrededor de 2.200 civiles y militares panameños, otros 15.000 perdieron sus casas y unos 12.000 resultaron heridos y mutilados por las bombas lanzadas por el ejército invasor. (FIN/IPS/sh/dg/ip/96).
