Empresarios textiles centroamericanos anunciaron hoy un frente común contra lo que consideran una campaña internacional de desprestigio, debido a las denuncias de maltratos a menores que trabajan en las maquilas de Honduras.
Los empresarios textiles del istmo, reunidos en la norteña ciudad hondureña de San Pedro Sula, a 250 kilómetros de Tegucigalpa, denunciaron la existencia de "intereses oscuros" que buscan ahuyentar la inversión en este sector.
Carlos Arias, de la Asociación de Industriales de Guatemala, dijo que su país fue el primero de América Central en ser blanco de las campañas de desprestigio contra la maquila, lo que hizo que se perdieran 25.000 empleos en los últimos dos años.
"Por cuestiones de políticas proselitistas en Estados Unidos el tema de maltratos en maquilas en los países centroamericanos ha vuelto a la palestra pública y creemos que es tiempo que la empresa privada se una para enfrentar esta campaña", afirmó.
La maquila es una fórmula de subcontratación internacional por la cual la empresa de un país provee el capital y la tecnología y la de otro mano de obra, materias primas y también parte del capital.
Atraída por leyes que favorecen la inversión extranjera, la industria de la maquila, se estableció en el istmo a fines de la década del 80 con 784 fábricas dedicadas a la confección textil, mayoritariamente de origen asiático, generando unos 400.000 empleos directos.
Arias es miembro del Consejo Centroamericano y del Caribe de Apoyo a la Industria Textil y de la Confección (Cactac), que analiza también las repercusiones de una posible sanción de Estados Unidos contra las maquiladoras en Honduras.
Washington estudia sancionar a Honduras a raíz de la denuncia de Wendy Díaz, de 15 años, sobre maltratos en las fábricas maquiladoras de origen coreano que operan en el país. Su testimonio, presentado ante el Senado la semana pasada, causó conmoción e indignación a nivel empresarial y gubernamental.
La denuncia, la segunda en dos años, fue presentada por organismos sindicales y del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), que vigila el respeto de los derechos laborales y humanos de las obreras.
Sin embargo, los empresarios ven en la acción una escalada contra la inversión en Honduras y el presidente Carlos Roberto Reina llamó este viernes a la población a cerrar filas contra lo que considera una campaña de desprestigio contra el país.
"Las denuncias de maltratos a las obreras de la maquila deben investigarse a fondo, corregirse inmediatamente, pero no ser utilizada para dañar al país y hacer que salgan reportes televisivos calificándonos como una nación de horror", dijo Reina.
La semana próxima viajará a Estados Unidos una delegación integrada por representantes del gobierno, la empresa privada y dirigentes políticos opositores, con un "arsenal de argumentos" que impedirá la salida de las maquilas, afirmó el mandatario.
En Honduras, la maquila genera 70.000 empleos directos y deja ganancias por 250 millones de dólares, convirtiéndose en uno de las principales fuentes de divisas externas.
Ante el temor de una estampida de inversiones de la región, el representante de Guatemala comentó que un grupo de la Cactac podría acompañar a la delegación hondureña en Washington.
Este jueves, ante la denuncia de Díaz en el Senado estadounidense, los empresarios hondureños decidieron suspender las negociaciones con los sindicatos para establecer una escala de precios de productos básicos que contrarreste la inflación.
El líder empresarial Juan Bendeck dijo que no podía negociar con quienes "están tras esta campaña de desprestigio".
A la inesperada decisión empresarial contribuyó también la comunicación de una empresa textilera estadounidense que anunciaba la momentánea suspensión de su interés por invertir en Honduras ante la "mala publicidad" de las última semana.
El dirigente sindical Héctor Hernández puntualizó que los trabajadores no pretenden que las maquilas se vayan del país, pero reclaman "una relación de respeto laboral donde los trabajadores no se consideren esclavos".
El gobierno y los empresarios "deben aceptar que hay violaciones de los derechos laborales, corregirlas y no esperar que les jalen las orejas de otras partes", afirmó Hernández. (FIN/IPS/tm/ag/lb-pr/96)
