Desilusionada por la actuación que tuvo hasta ahora la comunidad internacional de donantes, Ruanda se esta preparando para presentar una fuerte demanda de asistencia durante una conferencia que tendrá lugar en junio en Ginebra.
El gobierno buscará ayuda para respaldar a grupos vulnerables, especialmente huérfanos, viudas, indigentes y lisiados de por vida, víctimas de la guerra genocida de 1994 que causó la muerte de un millón de personas, así como tambien financiación a largo plazo para el desarrollo.
Sin embargo, ha fracasado en su intento de delimitar las cuestiones políticas de la asistencia humanitaria y al desarrollo, y está preocupado que la reunión de Ginebra sea tan frustrante como la anterior de enero de 1995, cuando los donantes restaron su apoyo a iniciativas priorizadas por el nuevo régimen.
En 1995, el gobierno del Frente Patriótico de Ruanda (FPR) presentó a los donantes un programa de recuperación por un costo total de 800 millones de dólares.
La comunidad internacional, en cambio, prometió 576,6 millones de dólares de los cuales la Unión Europea (UE) ofreció 127 millones, Alemania 80 millones, el Banco Mundial 75 millones, Estados Unidos 59 millones, el Banco Africano de Desarrollo 50 millones y Bélgica, la ex metrópoli colonial, 35 millones.
La conferencia destinó 36,1 millones de dólares para asistencia alimentaria y 540,5 millones a fín de permitir que el gobierno de Kigali amortizara las deudas a instituciones financieras, cubriera necesidades urgentes como combustibles, reabriera bancos, pagara salarios, repatriara refugiados y rehabilitara el arruinado país.
"Los donantes, realmente, nos dieron la impresión que querían asistir a Ruanda", declaró un desalentado funcionario del Ministerio de Planificación. "Hasta se formularon promesas adicionales que elevaron la cifra potencial a 1.416,7 millones de dólares en marzo de 1996".
Una cantidad mucho más reducida estuvo disponible para Ruanda, y su desembolso se efectuó a paso de tortuga. En la segunda ronda de Ginebra, la asistencia podría quedar condicionada a cuestiones políticas, como por ejemplo el sistema judicial, bajo el cual la población carcelaria aumentó hasta 70.000 reclusos.
La mayoría de los prisioneros son sospechosos de haber participado en el genocidio pero, hasta ahora, ningun caso ha sido ventilado en los tribunales.
Algunos donantes han vinculado la ayuda a la liberación de mujeres y niños detenidos, la mejoría de las condiciones carcelarias, la repatriación de dos millones de refugiados hutu de estados vecinos y las conversaciones de paz con miembros del derrocado régimen hutu que desató los pogroms de 1994.
Un alto funcionario de la oficina presidencial, Remy Mugunga, declaró a IPS que asuntos como la excarcelación de detenidos requerían dinero que el gobierno no disponía, "mientras el problema del retorno de los refugiados está vinculado a las intimidaciones en los campos por parte de aquellos que pretenden usarlos como moneda de cambio".
El FPR se opone tenazmente al dialogo con los que denomina "sicarios de las ex fuerzas políticas que planearon y perpetraron el genocidio", en alusión a la Cruzada Hutu por el Retorno de los Refugiados y la Democracia (RDR), que afirma representar a los prófugos.
El gobierno tambien ha criticado a los donantes por descuidar sus iniciativas de desarrollo a largo plazo y respaldar en cambio esfuerzos humanitarios de organizaciones no gubernamentales (ONGs).
A comienzos de este año el gobierno expulsó cerca de 40 ONGs extranjeras debido a su "fracaso para aliviar las expectativas".
Según una fuente de la ONU encargada de monitorear la situación en Ruanda, Kigali está descontenta con una comunidad internacional que "falló en un momento de necesidad".
No obstante, Jan Pronk, ministro holandés de Cooperación Internacional, dijo tras una reciente visita de tres días a Ruanda "estoy seguro que habrá nueva asistencia".
Pronk, cuyo país ha sido uno de los mayores contribuyentes a la rehabilitación de Ruanda, especialmente de su sistema judicial, declaró que la preocupación de Kigali por el nivel de desembolso de ayuda el año pasado, no se debió reluctancia de los donantes.
"Hubo un compás de espera que no tiene nada que ver con Ruanda. Nadie critica al país. Se trata de demoras burocráticas, quizás demasiado prolongadas, que son aplicables tambien en otros casos", explicó el ministro holandés.
"Esta situación no resulta sorprendente. Los problemas que preocupan a Ruanda tienen escasa prioridad para la comunidad de donantes. No podemos esperar todo de la comunidad internacional porque las soluciones de nuestros problemas deben venir desde adentro", declaró Petero Rwanyindo, docente de economía de la Universidad Nacional de Butare.
Para los donantes, el problema más apremiante es crear condiciones para el retorno de los refugiados y terminar con el drenaje de asistencia a los campos en Zaire y Tanzania. Con ese fín, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) se ha visto desprovisto de nuevos fondos.
Según cifras dadas a conocer por el Departamento de Asuntos Humanitarios de la ONU, de los 77,8 millones de dólares disponibles hasta abril para la región de los Grandes Lagos, solo 44 millones fueron dinero fresco, lo cual ha dejado a los programas de la agencia financiados solo en un 27 por ciento.
Una fuente de la ONU basada en Nairobi, apuntó que la comunidad de donantes está empleando "un arma demasiado tajante", y su enfoque sobre repatriación de refugiados "es demasiado crudo".
"Vale la pena realizar la segunda mesa redonda", dijo Rwanyindo. "No obstante, los ruandeses deberían saber que cualquier forma de asistencia otorgada en condiciones de emergencia no puede llevar a un desarrollo sostenible". (FIN/IPS/tra-en/jbk/jm/oa/ego/pr-hd).
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