La cuestión de los derechos humanos, y en especial la ley de amnistía para las violaciones cometidas por militares y los procedimientos judiciales irregulares, podría estallarle en la cara al presidente de Perú, Alberto Fujimori, en su gira por Estados Unidos en busca de inversores.
En su visita a la sede de las Naciones Unidas, el mandatario recibió un anticipo de las perturbaciones que podrían sufrir sus objetivos políticos y financieros en Estados Unidos, cuando fue abucheado por manifestantes que protestaban por el procesamiento de la estadounidense Lori Berenson.
La mujer fue condenada a prisión perpetua por su participación en el frustrado asalto a la sede del Parlamento peruano, y no negó su adhesión al guerrillero Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, pero fue juzgada por jueces militares enmascarados y su abogado no pudo presentar testimonios en su favor.
Fujimori preparó cuidadosamente su gira, que incluye una entrevista con su homólogo norteamericano, Bill Clinton, la inauguración de la exhibición de la momia de una adolescente inca descubierta por una expedición patrocinada por National Geographic, y un foro empresarial de cooperación económica.
Pero en Washington tendrá que enfrentar a uno de los más activos grupos de presión sobre política exterior, el comité de senadores que reclama el condicionamiento de la cooperación internacional al respeto de los derechos humanos.
Aunque Fujimori sostiene que las guerrillas han sido derrotadas y ya no representan un peligro para la seguridad de su país, 25 por ciento del territorio y 44 por ciento de la población vive aún en estado de emergencia, con sus derechos restringidos y bajo control militar.
La cooperación de Washington es muy importante para Fujimori, no tanto por los probables desembolsos efectivos del Tesoro, sino por su voto en los organismos internacionales y porque su participación es decisiva para poner en práctica el Plan Brady para reducir la deuda peruana a la banca norteamericana.
"Un comité de senadores norteamericanos pedirá a Fujimori que Berenson sea juzgada por un tribunal civil y con todas las garantías para su defensa, probablemente el propio Clinton le formulará la misma petición", según el activista de derechos humanos Marcelo Gadea.
Añadió que aunque el mandatario peruano ya anticipó que su gobierno no pedirá a los jueces que la vuelvan a juzgar ni modifiquen su sentencia, "Fujimori cedió en febrero de 1995 a una solicitud similar formulada por 77 parlamentarios italianos en favor de Gabriella Guarino", también militante del MRTA.
Guarino, de 35 años y pareja de un comandante guerrillero con quien tuvo un hijo en la selva peruana, estaba sentenciada a 20 años de cárcel pero fue liberada sin mayores explicaciones después que Fujimori recibió la misiva de los parlamentarios italianos.
"Pero el tema no será únicamente Lori Berenson, aunque la campaña se centre en su rostro, sino en los dispositivos irregulares, violatorios de los derechos humanos, que utilizan los servicios de inteligencia y los tribunales militares contra los sospechosos de insurgencia", expresó Gadea.
Diego García Sayan, de la Comisión Andina de Juristas, recordó que como consecuencia de una presión internacional anterior, el Congreso aprobó una ley para que los procesos encargados a tribunales militares "sin rostro" (constituidos por jueces enmascarados) sean derivados a tribunales civiles ordinarios.
"Pero antes de que surtiera efecto, en abril del año pasado fue postergada la aplicación de esa ley, por decisión de la mayoría oficialista en el Congreso, hasta octubre de 1996", siguió García Sayan.
"Dos meses después, el Congreso aprobo una inconstitucional ley de amnistía en favor de los militares y cortó los procesos contra los oficiales y agentes de inteligencia acusados de asesinatos y actos de tortura en los 15 años de guerra contrainsurgente", añadió.
Según un informe presentado a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU por la Comisión Andina de Juristas, "la situación de los derechos humanos en Perú es afectada por la ineficacia de las instituciones encargadas de su tutela y porque la política gubernamental no defiende activamente esos derechos".
El mismo informe señala que a partir de 1992, año que marca según la versión oficial el comienzo de la derrota de la subversión, y diciembre de 1995, la violencia política en Perú provocó 5.237 muertes.
Por otro lado, en diciembre de 1995 había 4.070 presos inculpados o sentenciados por subversión, "mil de los cuales son inocentes acusados injustamente de terrorismo", según Susana Villarán, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. (FIN/IPS/al/jc/ip-hd/96)
