En los últimos cuatro meses, las Fuerzas Armadas de Honduras han realizado una campaña de intimidación contra las autoridades civiles, reveló hoy un informe del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH).
Un monitoreo efectuado por el organismo indica que en lo que va de año se registraron un total de 91 violaciones a los derechos civiles.
De ellas, 10 corresponden a asesinatos de presuntos delincuentes, 19 ejecuciones de otro tipo, 15 atentados contra personas y tres contra bienes.
Al conmemorar su 15 aniversario de fundación, el CODEH presentó a la prensa lo que considera un "informe preliminar" sobre la situación de los derechos humanos en el país durante los primeros cuatro meses de 1996.
Ramón Custodio, presidente del organismo, dijo a IPS que la situación "es preocupante y muy delicada".
"Los militares están actuando muy inteligentemente en su estrategia de intimidación a los civiles, en aras de debilitar la decisión estatal de construir un estado de derecho bajo la égida civil", afirmó.
Esta estrategia, sostiene, se basa en fomentar un clima de inseguridad ciudadana, evitando actuar ante la creciente violencia y delincuencia.
Los militares sostienen que no pueden combatir a los delincuentes ya que éstos son "protegidos" del CODEH.
"Nos hemos cansado de decir que el Comité de Derechos Humanos no protege a delincuentes. Lo que denuncia es su ejecución extrajudicial como parte de una política similar realizada por los militares en los años 80", dijo Custodio.
"Pero sin duda ese estribillo de que protegemos delincuentes genera anticuerpos en la sociedad, que ve impávida cómo cada día se cometen asaltos y robos a vista y paciencia de la autoridad", agregó.
En su informe, el grupo humanitario sostiene que varios de los delincuentes ejecutados extrajudicialmente son gente vinculada a la desaparición forzada de 184 personas en la década pasada.
También afirma que al interior de la policía existen grupos s encargados de matar delincuentes. "Todavía el Poder Ejecutivo se resiste a aceptarlo", constata.
"Vivimos bajo un régimen que se empecina en creer que no hay ejecuciones extrajudiciales y se deja llevar por una campaña de rumores y descrédito que sólo evidencia su poca capacidad ejecutiva e investigativa", afirmó Custodio.
Como ejemplo, citó el atentado ocurrido el 26 de marzo en la casa del presidente Carlos Reina, cuando desconocidos lanzaron una granada desde un vehículo sin placas.
El atentado, el segundo contra el mandatario, se produjo en momentos en que el Ejército presionaba por mayor presupuesto y se hablaba del traspaso de la policía a manos civiles y de juicios a los uniformados implicados en violaciones a derechos humanos.
Según el CODEH, pese a que los militares anunciaron una investigación "exhaustiva" del hecho, "aún no hay nada". "Por eso nos atrevemos a decir que el mismo provino de sectores que temen una transformación del país con justicia y sin impunidad", señaló.
"Nos quieren tener en acecho, peleándonos los civiles unos contra otros, pero quiero decirles a los militares que sus verdaderos enemigos no somos los grupos humanitarios. Deben buscarlos en otras partes", sostuvo Custodio.
Reina se ha negado a aumentar el presupuesto de las Fuerzas Armadas y ordenó una auditoría para saber en qué se gastan los recursos del instituto armado, la primera de este tipo en el país.
El Poder Judicial insiste por su lado en enjuiciar a tres oficiales prófugos desde hace seis meses por su vinculación en la desaparición de personas en los años ochenta.
Fuentes allegadas a la Fiscalía informaron a IPS de las protestas del fiscal Edmundo Orellana ante la cúpula de las Fuerzas Armadas por intimidaciones que habrían recibido los empleados de esa dependencia estatal para desistir de acusaciones contra los uniformados.
El fiscal habría dicho al jefe de las Fuerzas Armadas, general Mario Hung Pacheco, que sus subordinados dejaran de "hostigar" a los fiscales. "Si quieren sangre, aquí estoy yo, pero por favor basta ya de tanta intimidación", afirmó según la fuente. (FIN/IPS/tm/dg/ip-hd/96)
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