Un rumor cada vez más fuerte de un eventual estallido social se cierne nuevamente sobre Venezuela como producto de la severa crisis económica-social y ante las medidas de choque impuestas recientemente por el presidente Rafael Caldera.
Los inocultables indicios de esa peligrosa espiral de violencia social que revive el fantasma del "Caracazo" están presentes en las virulentas manifestaciones de rechazo a la política económica y repetidas actitudes de hecho adoptadas por los diversos sectores de la sociedad.
El "Caracazo' fue una de las mayores expresiones de violencia social que registra América Latina, provocada justamente por un plan de ajuste económico impuesto por el ex presidente Carlos Andrés Pérez en febrero de 1989 con un saldo mayor a las 400 víctimas y más de 150 millones de dólares en pérdidas debido a saqueos y destrucción.
Las protestas de la pasada semana en la ciudad de Cabimas, en el estado petrolero de Zulia, sin tener las grandes dimensiones y graves consecuencias que tuvo la revuelta de 1989, es un indicador real de lo que en un futuro cercano podría suceder de no hacerse inmediatamente efectivo un verdadero plan de ayuda social.
En efecto, una vez que la población venezolana, especialmente de los sectores más pobres, sienta los estragos de las medidas económicas se hará evidente el poco alcance de la ayuda social y se repetirám violentas demostraciones de protesta que harán inminente una nueva explosión de insospechadas consecuencias.
Además, es inobjetable que el uso de paliativos para enfrentar la crisis socio-económica sólo puede arrojar reducidos y momentáneos resultados, lo cual en el tiempo implica la postración de las necesidades sociales, particularmente en las áreas de salud, nutrición y educación.
Precisamente, en materia de educación, la prolongada huelga de maestros que superó los dos meses de paralización, cuya aparente solución de conflicto parece haberla logrado finalmente el gobierno de Caldera, ha constituído un elemento generador de violencia en el marco de la continua convulsión social existente en Venezuela.
Ello demuestra claramente que importantes sectores sociales del país, vitales para la vida futura de Venezuela como es el caso de la educación, no sólo quedan postergados sino que siempre se convierten en potenciales detonantes de violencia social.
Es necesario que la reflexión del gobierno y de los demás componentes sociales apunte al compromiso urgente de diseñar y llevar a la práctica un programa social, entre cuyas características debe figuar primero el hecho de ser considerado como un objetivo nacional y no un plan de gobierno que termina cuando se cumple el período presidencial.
Es decir, debe ser un proyecto nacional que posibilite y obligue al permanente cumplimiento de una agenda social por quienes tengan el privilegio de gobernar la nación.
Igualmente, el programa en mención debe garantizar la ayuda gubernamental a todos los sectores críticos de la sociedad, sin excluir, como en el caso del plan de contingencia de Caldera, áreas sociales y segmentos de población.
De otra parte, hay que tener presente que las constantes reacciones populares al margen de su carga explosiva, debilitan la estabilidad democrática venezolana por los recurrentes rumores de intentonas golpistas, tal como fue evidente durante 1995.
Este cuadro de convulsión y conflictividad ha hecho igualmente difícil la gobernabilidad del país, pues es innegable que los 21 millones de venezolanos se han sentido a bordo de una nave carente de rumbo.
No cabe duda de que el programa de ajuste económico venezolano conllevará a situaciones de violencia si, como hemos reiterado, la gestión gubernamental no hace consideraciones sociales, aceptando que es indispensable resolver sobre todo el problema de la pobreza, que afecta a más de 80 por ciento de la población. (FIN).
(*) Secretario Ejecutivo de ALDHU
