El gobierno de Chile envió hoy al Parlamento el proyecto que eleva el salario mínimo en 11,2 por ciento, propuesta calificada como "una vergüenza" por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
El salario mínimo, aplicable a los obreros urbanos mayores de 18 años, alcanzará según la propuesta gubernamental un monto equivalente a 160 dólares, en tanto la CUT reclamaba su fijación en alrededor de 257 dólares.
Por segundo año consecutivo, el gobierno del presidente Eduardo Frei se abstuvo de negociar previamente el tema salarial con las organizaciones de empresarios y trabajadores en el llamado Foro de Desarrollo Productivo.
La CUT, la mayor matriz sindical del país, se retiró en 1995 de esa instancia, tras considerar que la política económica gubernamental tendía a favorecer a los empresarios y a consolidar un modelo económico neoliberal.
Las posibilidades de recomponer canales de diálogo con la central se complicaron aún más desde mediados de abril, con la crisis al interior de la CUT entre los partidos Demócrata Cristiano (PDC) y Socialista (PS), miembros de la coalición de gobierno.
Las autoridades optaron por asumir unilateralmente las definiciones de política salarial y prescindieron también de conversaciones sobre el tema con la empresarial Confederación de la Producción y el Comercio.
La Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), que reúne a los industriales y es uno de los principales gremios de la confederación, respaldó indirectamente la decisión gubernamental al calificar el salario mínimo de poco relevante.
El presidente de la Sofofa, Pedro Lizana, afirmó que las empresas industriales del país pagan a sus obreros remuneraciones muy superiores y que en una economía de mercado no corresponde la fijación por ley de los salarios.
La opinión de Lizana fue refutada por expertos oficialistas, como el ex ministro y actual presidente del PDC, Alejandro Foxley, quien señaló que el salario mínimo es un mecanismo de protección para obreros no sindicalizados o de empresas pequeñas.
El ministro del Trabajo, Jorge Arrate, del PS, subrayó este martes que el mecanismo de una base remunerativa favorece sobre todo a trabajadores jóvenes sin calificación que recién se incorporan al mercado laboral.
El nuevo salario mínimo debe entrar en vigencia desde el 1 de junio y si hasta entonces no hay acuerdo entre el gobierno y las dos cámaras legislativas se prorrogaría por un año más la actual remuneración, equivalente a 144 dólares.
El vicepresidente de la CUT, Manuel Ahumada, del opositor Partido Comunista (PC), calificó el monto propuesto por el gobierno como "una vergüenza", ya que a su juicio no alcanza para que los trabajadores cubran sus necesidades básicas.
Ahumada accedió a la vicepresidencia de la central tras la alianza de los sindicalistas del PC con el PS, que elevó a la presidencia de la CUT al socialista Roberto Alarcón, lo cual desató la crisis con el PDC, aún no resuelta.
El aumento de 11,2 por ciento implica un incremento real del salario mínimo de alrededor de tres por ciento, si se considera que la tasa anual de inflación se situó en 8,4 por ciento en abril.
El gobierno, a través del ministro de Hacienda, Eduardo Aninat, señaló que es imposible plantearse incrementos mayores sin arriesgar los equilibrios fiscales y, sobre todo, la meta de inflación de 6,5 por ciento para este año. (FIN/IPS/ggr/dg/if-lb/96)
