Planteada como vacuna para someter a los militares a los civiles, la abolición de los ejércitos de Panamá y Haití no surgió de una decisión de las sociedades civiles respectivas, como ocurrió hace unos 50 años en Costa Rica, sino por imposición de invasiones de Estados Unidos.
El tema de las relaciones entre el poder militar y el poder civil en América volvió a cobrar actualidad desde finales de abril, tras la fallida intentona golpista del general paraguayo Lino Oviedo.
El ex coronel panameño Roberto Díaz, quien en 1987 tuvo un fuerte enfrentamiento con el derrocado general Manual Noriega, afirmó que lo ocurrido en Paraguay dejó planteada una cuestión medular a tomar en cuenta en los procesos de desmilitarización.
"Lo medular en el aquí y ahora -dijo Díaz- es que pareciera que las instituciones que deben servir de equilibrio democrático aún no califican suficientemente" por su exceso de centralismo, falta de participación de la sociedad civil y la debilidad de los poderes Judicial y Legislativo.
A su juicio, "el principal disuasivo para los cuarteles insubordinados" pasa por fortalecer el Estado, la formación de militancias partidistas activas y líderes políticos con carisma en lugar de "gerentes presidenciales bajo la orientación del Fondo Monetario Internacional (FMI)".
Una segunda cuestión planteada por Díaz alude directamente a la práctica ensayada por Estados Unidos en la primera mitad de la década de los noventa en Panamá y Haití para someter a los militares al poder civil.
Tras indicar que el caso paraguayo "ha dejado a un Bill Clinton (presidente de Estados Unidos) preocupado", Díaz advirtió que "no es simpático tener fuerzas militares rápidas para estar entrando en América Latina a reponer presidentes que se dejan tumbar políticamente".
El analista panameño Manuel Zárate indicó por su parte que las intervenciones actuales de Washington no están orientadas a restaurar el sistema democrático sino a imponer la nueva estrategia militar de Washington para la región tras el fin de la guerra fria.
Según el analista, los ejércitos del área quedarían como "simples policías" encargados del control social en las fronteras internas de cada país, mientras que las fuerzas armadas de Estados Unidos asumirían los asuntos de defensa hemisférica.
Ese esquema -según Zárate- pasa por encima de la voluntad de la sociedad civil de los países afectados en temas como la organización militar que más conviene a los intereses nacionales y las relaciones entre militares y civiles.
En Panamá, la abolición constitucional del ejército fue adoptada mediante un acto parlamentario a mediados de 1994, luego de un fallido referendo realizado en 1992, en el cual 61 por ciento de los electores votaron contra tal iniciativa.
Al igual que ocurrió posteriormente en Haití, el antiguo ejército ya había sido desarticulado por la cruenta invasión estadounidense de diciembre de 1989 que derrocó al régimen de Noriega e impuso en el poder a Guillermo Endara, ganador de las anuladas elecciones de mayo de 1989.
El esquema de sustitución del ejército por una policía civil funcionó casi como un calco del de Haití luego de la intervención militar estadounidense de octubre de 1994, que restituyó el poder al presidente constitucional Jean Bertrand Aristide.
Gerardo González, presidente del gobernante Partido Revolucionario Democrático de Panamá, calificó la decisión de abolir el ejército como "una emboscada que en el futuro puede tener consecuencias funestas para Panamá como nación independiente".
A su juicio, ese acto "persigue eliminar no al ejército sino al derecho a la autodefensa que tiene Panamá", invadido 15 veces por Estados Unidos desde que Washington construyó el canal interoceánico en 1903.
Mientras existan bases militares extranjeras, como las que aún tiene Estados Unidos, Panamá "tiene sobradas razones" para mantener su propio sistema de defensa, estimó González.
Un segundo aspecto del debate tiene que ver con la falta de seguridad ciudadana tras la abolición del ejército y la constitución de un cuerpo de policía que sólo cuenta con toletes, revólveres calibre 38, unos pocos cientos de armas largas y un transporte sumamente limitado por razones presupuestarias.
Los delitos crecieron casi 400 por ciento en los últimos cinco años.
Como una muestra de la nueva realidad, el actual director civil de la policía, Juan Luis Sosa, admitió recientemente que Panamá es impotente para evitar la infiltración de guerrilleros colombianos por su frontera debido a la falta de armamento, personal y transportes.
"La policía tiene toda la voluntad de cumplir con sus misiones en toda la geografía nacional", pero "para nadie es un secreto que no tiene los armamentos ni el transporte adecuado para hacerlo", reconoció Sosa. (FIN/IPS/sh/dg/ip/96).
