La imagen cuidadosamente cultivada de la ex primer ministro Tansu Ciller, como una cara nueva en el laberinto de la política de Turquía, está siendo manchada por acusaciones de corrupción y tráfico de influencias.
Ciller debió luchar la semana pasada por su supervivencia política, después de haber sido, hasta hace poco tiempo, un símbolo de capacidad para salir siempre adelante.
Si Ciller se derrumba, también podría derrumbarse el gobierno de coalición formado por el Partido de la Vía Justa (DYP), que ella encabeza, y Partido de la Madre Patria (ANAP) de Mesut Yilmaz, que en esta primera fase del pacto es el primer ministro.
Tendría que realizarse una nueva elección, con la repetición del incierto y frenético proceso de negociación que suele seguir a las elecciones parlamentarias en Turquía.
El Parlamento decidió hace breves días, por 232 votos contra 179, crear una comisión para investigar acusaciones de corrupción contra la ex primer ministro.
La moción fue presentada por el islamista Partido del Bienestar (RP), el cual alegó que Ciller está envuelta en irregularidades detectadas en contratos de la compañía eléctrica estatal Tedas, durante el tiempo en que ejerció la jefatura del gobierno (1993- 1995).
Después de una larga reunión, el DYP resolvió el jueves que no abandonará el gobierno de coalición, cuyo pacto político incluye el compromiso de que el primer ministro Yilmaz debe pasar el cargo a Ciller en enero de 1997.
Ciller declaró el mismo jueves que su partido continuará en la coalición "porque queremos servir al pueblo". También acusó al ANAP de querer formar una nueva unión con el RP "para impedir mi turno como primer ministro".
Los analistas políticos entienden que a pesar de que los documentos de Tedas no incriminan realmente a Ciller, podrían justificar el enjuiciamiento de otros funcionarios y salpicar feamente la imagen de la líder del DYP, que es una figura relativamente nueva en la política.
Muchos diputados del ANAP votaron ostensiblemente a favor de la investigación, debilitando la credibilidad y vitalidad de la coalición gobernante.
Además, el Parlamento deberá votar el 9 de mayo otra moción del RP que propone investigar el proceso de privatización de la participación del Estado en la industria automovilística.
La acusación involucra a la Junta de Privatizaciones, la entidad estatal encargada de regir las operaciones de privatización.
Según los cargos, en el momento en que la Junta abrió el llamado de ofertas para vender las acciones del Estado en la gran fábrica de automóviles Tofas, la entonces primer ministro habría pedido que las ofertas selladas fueran llevadas a su residencia.
De acuerdo con los acusadores, Ciller abrió las ofertas y decidió por sí misma la adjudicación de la venta.
Ciller, de 52 años, entró en política en las elecciones de octubre de 1991, tras abandonar su carrera como profesora de Economía de la Universidad del Bósforo. Fue nombrada ministro de Economía, y en junio de 1993 accedió a la jefatura del gobierno, un cargo que retuvo hasta febrero de este año.
En caso de ser enjuiciada y condenada, Ciller podría ser recibir una pena de un año o un año y medio de prisión. (FIN/IPS/tra-en/nm/fn/arl/ip/96)
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