Los insurgentes acusados de integrar grupos terroristas ya no podrán acogerse en el continente americano a la protección que otorga el estatuto de perseguido político, en caso de ratificarse las resoluciones de una conferencia especializada que organizó la OEA en la capital peruana.
El terrorismo será considerado delito común grave en América Latina, el Caribe, Canadá y Estados Unidos, y los acusados no obtendrán asilo político en ninguno de los países firmantes de la llamada Declaración de Lima y podrán ser extraditados, de acuerdo con las resoluciónes tomadas.
La Declaración de Lima resumió los acuerdos de la Conferencia Especializada Interamericana sobre Terrorismo, realizada la semana última en Perú a iniciativa de la OEA (Organizacion de Estados Americanos).
Los acuerdos alcanzados tienen también el propósito de impedir la captación de recursos financieros con destino a organizaciones insurgentes y reprimir el contrabando de armas.
La cita, que duró cuatro días, fue clausurada por el secretario general de la OEA, Cesar Gaviria, cuyo hermano ha sido secuestrado en Colombia por guerrilleros, y por el presidente peruano Alberto Fujimori, cuyo gobierno derrotó después de 14 años de guerra al movimiento insurgente Sendero Luminoso.
"América ya no financiará ni será santuario del terrorismo" declaró Gaviria, quien sostuvo que "el terrorismo nacional e internacional constituye una violación sistemática y deliberada de los derechos humanos y un asalto a la democracia".
Gaviria afirmó que la OEA prestará todo su apoyo para que el proceso de coordinacion y preparacion de medidas conjuntas contra el terrorismo tenga éxito, e informó que la organización recopila la legislación antiterrorista existente en los países de la región.
"La simiente del terrorismo es la ancestral y dañina tradición de tantos pueblos americanos de justificar el uso de la violencia para conseguir objetivos políticos, y el asumir actitudes de permisividad y tolerancia frente a los actos criminales o intimidatorios", expresó el secretario de la OEA.
La Declaración de Lima es la parte visible de los acuerdos adoptados por los representantes de los 34 países integrantes de la OEA, que se reunieron en el céntrico y celosamente resguardado hotel Sheraton, de Lima.
También se adoptaron acuerdos concretos de cooperación en la lucha contra las organizaciones consideradas terroristas, que no fueron divulgados e incluyen procedimientos de intercambio de informacion, detención de militantes de grupos extranjeros y bloqueo de sus actividades.
"Muchos de estos acuerdos ya existen con carácter bilateral. Pero eran compromisos bajo cuerda de las cancillerías, fuerzas policiales y servicios de inteligencia militar, y ahora se prepara la creación de un instrumento internacional", comentó el experto civil peruano Carlos Reyna.
Reyna precisó que el camino para lograrlo sera una próxima Convención Internacional contra el terrorismo, que será firmada por todos los estados miembros de la OEA, y creará instrumentos coercitivos de derecho internacional "que estarán obligados a cumplir todos los países de la region".
La conferencia realizada en Lima se originó en la Cumbre de América celebrada hacia diciembre de 1994 en Miami, ocasión en que los jefes de Estado expresaron su condena al terrorismo en todas sus formas y su decisión de combatirlo en forma conjunta.
Posteriormente, la asamblea general de la OEA realizada en junio de 1995 en Montrouis, Haití, decidió convocar a una conferencia especializada, y Perú se ofreció como sede, con el evidente interés de mostrar a la comunidad interamericana los resultados de su larga guerra contra la insurgenci.
Fujimori no desaprovechó la oportunidad en la conferencia de Lima de exponer sus objetivos políticos sobre el tema, y concentró su exposición en lo que considera la "incomprensión de las organizaciones que defienden los derechos humanos sobre el fenómeno terrorista y sus modalidades de operación".
Fujimori aludió a la acusaciones de excesos y violaciones en Perú contenida en el documento emitido por la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, entregado al secretario general el 21 de este mes, cuando éste se disponia a viajar a Lima para presidir la reunion interamericana de la semana última.
En opinión de Fujimori, las acusaciones de violación de derechos humanos lanzadas contra su gobierno son fruto de la incomprensión.
Para dramatizar su exposición, el presidente exhibió ante los asistentes un video de 15 minutos sobre la guerra civil en Perú, que ha costado casi 30.000 muertos y desaparecidos, según inormación oficial.
"Hemos contabilizado 50.000 huérfanos y 8.000 inválidos, 200.000 peruanos fueron obligados a escapar de sus casas y tierras para buscar refugio en las ciudades y el país sufrió pérdidas económicas por 25.000 millones de dólares", dijo Fujimori.
El video muestra también la participación de las "rondas campesinas", grupos paramilitares promovidos y armados por el gobierno que contribuyeron a desalojar a los guerrilleros del escenario rural.
"La pacificación de nuestro país ha sido una de las menos cruentas en los últimos tiempos en el mundo", afirmó Fujimori, que señaló las matanzas realizadas por Sendero Luminoso. (FIN/IPS/al/ff/ip/96).
