En medio de una polémica sobre el futuro de las bases militares extranjeras en Panamá, un grupo de economistas desestimó que la salida de las tropas de Estados Unidos en 1999 pueda provocar la ruina económica del país.
Un reciente estudio realizado por los economistas Guillermo Fernández y José Galán sobre el impacto que tendrá el cierre de dichas bases militares, advirtió que en los primeros cinco años del próximo siglo la economía local dejaría de percibir ingresos por 179,2 millones de dólares anuales.
Esa suma es equivalente al 31 por ciento de los productos que exportó Panama en 1995.
Galán y Fernández aducen que además de no tener para compensar la pérdida de esos ingresos, Panamá tendría que gastar alrededor de 20 millones de dólares al año para mantener las instalaciones militares que devuelva Estados Unidos.
Sin embargo, la evaluación de Fernández y Galán provocó duras réplicas de expertos locales, por estimar que las mismas procuran convencer a la opinión pública de que es conveniente negociar la permanencia de las bases luego que proscriban los tratados canaleros firmados en 1977.
En septiembre pasado el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, pidió a Panamá "explorar" la posibilidad de mantener dos o tres bases militares en el área del canal, con el fin de controlar el tráfico de drogas y realizar tareas de salvamento en la región.
Expertos consultados por IPS senalaron que en contrapartida a los fondos que dejará de percibir Panama con la partida de las tropas extranjeras el 31 de diciembre de 1999, el país ganará en independencia política y soberanía económica, si las antiguas bases se destinan al uso civil.
El economista Roberto Méndez afirmó que los autores del estudio "exageran los aspectos negativos de la retirada de las bases" y además, omiten que el valor agregado de lo que gastan los militares estadounidenses "sólo tiene un impacto neto cercano a los 50 millones de dólares al año".
Méndez, quien ejerce como profesor en la Facultad de Economía de la estatal Universidad de Panamá, precisó que las omisiones cometidas por Fernández y Galán "buscan justificar la permanencia de algunas bases en Panamá" como propone Estados Unidos.
A su juicio, el aprovechamiento civil de las bases al cabo de cinco años podría triplicar los ingresos que pierda Panamá con su cierre.
Según el actual administrador de la Autoridad de la Region Interoceánica, Nicolás Ardito Barletta, los bienes que reciba Panamá de Estados Unidos en 1999 tienen potencial para generar ingresos por 1.500 millones de dólares anuales y para proveer empleo a mas de 150.000 panameños.
El economista Juan Jovane indicó, por su parte, que de acuerdo con estudios realizados por la Universidad de Panama "las bases militares constituyen una forma de utilización ineficiente de la posicion geográfica de Panamá".
Las actuales bases militares ocupan 31.175 hectáreas de tierras localizadas en los puntos terminales del canal, sobre los litorales Atlántico y Pacífico.
Jovane explicó que si se compara la extensión de tierras ocupadas por las bases militares con las destinadas a la zona libre internacional de la ciudad de Colón, en el Caribe, las diferencias son abismales.
Subrayó que el impacto que generan las bases militares sobre la economía local fue en en 1993 de un 4,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que la zona libre de Colón aportó ese mismo año un 8,8 por ciento al PIB de Panamá.
En materia de generación de empleos, las cinco bases que aún permanecen en Panama generan 5.218 puestos de trabajo, mientras que la zona libre aporta alrededor de 12.000, acotó.
Un segundo aspecto planteado por Jovane es "el elevado costo en términos económicos" que ha tenido en los ultimos años la presencia militar extranjera en el país.
Citó, entre otros, las sanciones económicas y la invasión realizada por Estados Unidos el 20 de diciembre de 1989 para deponer al régimen del general Manuel Noriega, que -segun Jovane- ocasionaron pérdidas por 7.170 millones de dólares para la economía local.
Las sanciones económicas aplicadas por Estados Unidos entre 1987 y 1989 provocaron una caída del PIB de alrededor de un 15,1 por ciento, mientras que los bienes destruidos por la invasion fueron de alrededor de 2.200 millones de dólares, según el experto. (FIN/IPS/sh/dm/if-ip/96)
