HONDURAS: Reina atribuyó atentado a su lucha contra corrupcion

El presidente de Honduras, Carlos Roberto Reina, atribuyo hoy el atentado de que fue víctima el 26 de marzo a "sectores que se oponen a la revolución moral" lanzada por su gobierno contra la corrupción y la impunidad.

Hace 11 días, desconocidos lanzaron desde un automóvil en marcha una bomba de fabricación casera contra la residencia de Reina. El estallido del artefacto danó dos vehículos oficiales.

El presidente dijo haber tenido una agenda de trabajo sumamente apretada y una afección a la laringe, como explicación de su alejamiento de la prensa a partir del atentado.

Reina, quien partió este sabado hacia Perú en misión oficial, aclaró que aún no se ha identificado a los autores del atentado, pero las investigaciones continurán hasta la resolución del caso.

Agregó que el ataque fue obra de sectores opuestos a la lucha contra la corrupción y la impunidad, pero sólo ha reafirmado "nuestra voluntad de continuar en el empeno de que los corruptos sean encarcelados".

Al respecto, indicó que continuarán los juicios abiertos a una serie de ex funcionarios del gobierno, entre los que se cuentan ex presidentes.

"No es el gobierno el que persigue a los corruptos", sino que lo hace la justicia, "y (yo) no siento temor. El pueblo quiere que haya castigo contra quienes saquearon sus recursos", dijo Reina.

"La lucha contra la corrupcion tiene enemigos, pero el pueblo reacciono en favor de su presidente y muchas personas humildes me dijeron que ellos podían protegerme", agrego.

Poco después de su ascenso a la presidencia el 27 de enero de 1994, Reina creó una comisión de lucha contra la corrupción que ha abordado más de una decena de casos. Los antecedentes fueron trasladados a la Fiscalia General que, a su vez, los presentó a los tribunales.

Entre los investigados se cuenta el predecesor inmediato de Reina en la presidencia, Rafael Callejas, que se enfrenta a tres procesos judiciales por abuso de poder e irregularidades admainistrativas.

Tambien está en proceso en los tribunales una demanda contra nueve oficiales de las Fuerzas Armadas por el secuestro de seis estudiantes universitarios de izquierda en la pasada década. (FIN/IPS/tm/ff/ip/96).

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