En el limbo político en el que se hundió Colombia debido al narcoescándalo, la Fiscalía, que investiga al presidente, tres ministros y 20 legisladores, aparece como un ángel exterminador de la clase política que desde el siglo pasado ocupa el poder.
La acción de este organismo, que surgió de la Constitución de 1991 como eje de la transición del sistema inquisitivo que rigió desde 1886 hacia el sistema acusatorio con el fin de agilizar la aplicación de justicia, ha polarizado al país.
Por un lado está el bando de quienes creen que la Fiscalía es el único organismo sano de la sociedad colombiana y que el Fiscal, Alfonso Valdivieso, es uno de los pocos hombres públicos honestos.
Del otro, quienes consideran que de la mano de Valdivieso y el vicefiscal, Adolfo Salamanca, con su contingente de 3.000 fiscales y altos índices de credibilidad, se está echando por la borda la pretendida estabilidad política y económica del país.
"La Fiscalía no se propuso producir la crisis que hoy vive el país, o socavar las bases del régimen constitucional o las instituciones", aseveró Salamanca, con un énfasis que contrasta con la conocida parsimonia de su superior, Valdivieso.
Colombia vive agobiada por el peso de "un siglo de impunidad", reconoció el vicefiscal al explicar el papel de detonante de la crisis que se le atribuye a su organismo por destapar la olla de la corrupción.
La maraña del proceso 8.000, con un sinfín de cabos sueltos y episodios siniestros, "no fue algo planificado" sino que "surgió por fuerza de las circunstancias" con una investigación que en sus inicios fue "elemental", dijo.
De pronto, "apareció como algo protuberante, notorio, público, la presencia del narcotráfico -su dinero y su poder- en todas las actividades y el mundo social".
Salamanca se refiere a los cabos sueltos que dejaron en 1995 centenares de allanamientos tras las huellas de los capos del cártel de Cali, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, ahora presos.
En metódicos registros contables, los mafiosos dejaron un detallado índice de donaciones que la Fiscalía ha ido rastreando con resultados catastróficos para el Partido Liberal, en particular, y los sectores políticos en el poder en general.
Como resultado de las investigaciones, el presidente Ernesto Samper es investigado formalmente por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, 11 de cuyos 15 integrantes están a su vez bajo sospecha de haber recibido dinero de la mafia para financiar las campañas con las que lograron los curules.
Con la orden de detención, expedida este martes, del expresidente de la Cámara Alvaro Benedetti, son cinco los legisladores del partido de gobierno que quedan tras las rejas. Otros siete son investigados formalmente y hay cargos contra ocho más.
Los principales testigos de cargo del presidente, Fernando Botero, ex gerente de campaña electoral y ex ministro de Defensa, y Santiago Medina, ex tesorero del aparato samperista, están también presos.
Todo esto dejó en claro "hasta dónde llegan los tentáculos (de la mafia) y comenzó a hablarse de un proceso judicial que por primera vez en la historia reciente (de Colombia) no discrimina entre la gente marginada y los otros", dijo Salamanca.
Con el proceso 8.000 y el narcoescándalo se podría estar empezando a acabar el mito socialmente aceptado según el cual "aquí la justicia es para los de ruana (poncho)", dice Salamanca.
El aparato de justicia sólo puso al descubierto la crisis, y desveló que "buena parte del gobierno, del parlamento y de los mismos organismos de control del Estado, están comprometidos con el producto del narcotráfico", insiste.
La Fiscalía se encontró "con que hay múltiples personas de la vida artística, política, pública y del sector financiero vinculadas de mil formas al narcotráfico, compradas en sus conciencias por el producto del narcotráfico".
Que los organismos de control del Estado no se libran de la sombra que proyecta el proceso 8.000 se manifiesta en investigaciones y contrainvestigaciones que ordenan unos contra otros.
Esta semana la Corte Suprema de Justicia ordenó abrir una investigación al procurador Orlando Vásquez, por presumir irregularidades en la orden que éste dio de investigar al fiscal Valdivieso por acciones administrativas cuando fue ministro de Educación en 1990.
En una suerte de "vendetta" entre poderes, el director de Investigaciones Técnicas de la Fiscalía, Hernan Jiménez, fue suspendido por orden del procurador y, antes que esperar a ser destituido, renunció y acusó a Vásquez de obstruir la justicia.
El contralor, David Turbay, también tuvo que dar explicaciones, todavía no juramentadas, por aparecer en la lista de beneficiados por el Cártel de Cali. Y la lista se presume interminable.
En un país dominado políticamente por el bipartidismo liberal- conservador que ha ocupado el poder desde el siglo XIX, asistir al espectáculo de denuncias, acusaciones y apresamientos de los símbolos de la élite social tenía que producir un remezón.
Eso explica, tal vez, que aunque sólo 20 de los 3.000 fiscales se estén ocupando del proceso 8.000, a los ojos también fiscalizadores de las cámaras de televisión aparezca que la casi exclusiva función de ese organismo sea derrumbar la vieja clase política corrupta.
Los tres telenoticieros con mayor audiencia emitieron en conjunto, entre el 26 de marzo y el 3 de abril, 79 notas referidas a 37 cuestiones, 32 de los cuales se relacionaban con el proceso 8.000 y el juicio que el Congreso le sigue al presidente Samper.
Este fenómeno informativo presenta a la Fiscalía como un suprapoder enfrentado a todos los estamentos de poder.
Salamanca cree que el manejo de los medios sobre el proceso 8.000 es "perverso", que sobredimensiona las actuaciones con respecto al narcoescándalo e ignora las reformas que en tres años de existencia ha hecho el organismo.
La Fiscalía debería ser la última instancia de justicia, aclara. "No entendemos cómo la sociedad pueda ser tan indolente y la gente piense que la justicia reposa únicamente en el aparato de justicia y no en todos los estamentos. Ese es el drama del país". (FIN/IPS/mig/jc/ip/96)
